PERMITIDME LAS MAYUSCULAS.

PARA INFORMAR A LOS POCOS O MUY POCOS QUE SIENTAN ALGUNA CURIOSIDAD POR EL BLOG QUE HUMILDEMENTE MANTENGO, QUE A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES MIGRARÉ DEFINITIVAMENTE A LA HOJA ROJA
http://lahojarojadelcampello.blogspot.com.es/

HA SIDO UNA ETAPA ABSOLUTAMENTE DE EVOLUCIÓN Y AGRADEZCO DE CORAZÓN A TODOS AQUELLOS Y AQUELLAS QUE LO HAN SEGUIDO EN MAYOR O MENOR MEDIA; A TODOS Y TODAS LOS QUE HAN APORTADO SU CRITICA, QUE ME HA HECHO REFLEXIONAR Y MEJORAR.

GRACIAS Y, SI ASÍ LO CONSIDERÁIS, NOS VEMOS EN LA HOJA ROJA

CULPABLES.

El fallido intento de formar un gobierno alternativo que concretase el hipotético mandato de las urnas (hipotético porque las lecturas no son unánimes, al condicionarlas los intereses y estrategias) nos ha situado de nuevo ante las urnas. Esto no es ni bueno ni malo; simplemente es el fruto de la ausencia de un valor que ha estado ausente en la política nacional desde la recuperación de la democracia ( el valor del diálogo) pese al intento de poner en valor los acuerdos de la transición sin tener presente el contexto histórico-económico en el que se dan.

La acusación de culpabilidad parece que va a ser un argumento recurrente. Y en la construcción de las diferentes culpabilidades van a jugar un papel central los diferentes medios de comunicación, en función de los intereses empresariales que representan. Pero, ¿ a quién culpará la ciudadanía? Como decía, en función de la carga emotiva acumulada en un proceso fallido de negociación (es un hecho que las posiciones se han polarizado cuasi en una metáfora futbolística, donde los argumentos del “otro” son falsos por principios).

El PSOE asumió un papel que en principio no le correspondía: el PP y su candidato se pusieron de perfil como estrategia de distracción (algo que parece que les resultará productivo si a las encuestas nos referimos). Pero ese papel se inició desdibujado dadas las limitaciones planteadas por el Comité Federal y la vehemencia con la que algunos líderes territoriales han defendido posiciones incluso contrarias a las preferencias de sus propios electores. No obstante, la opción de acuerdo trasversal fue una apuesta que, en mi opinión, expresaba una opción razonable: acuerdo entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Los errores, en mi opinión fueron dos. En primer lugar, aceptar las exclusiones mutuas de Ciudadanos y Podemos. En segundo lugar  explorar, en primer lugar, el acuerdo con Ciudadanos antes de con Podemos.

Las exclusiones han sido tácitas y explícitas. Podemos excluyó a Ciudadanos y Ciudadanos a Podemos. Desde posiciones diferentes (Podemos planteaba un acuerdo unilateral de la izquierda con el apoyo pasivo de Esquerra y la nueva marca de CiU frente al intento de “gran coalición” de Ciudadanos con el PP pese a la indiferencia y el maniqueísmo de éstos utilizando como argumento el resultado electoral y no las reglas parlamentarias) los nuevos y “fornidos” actores condicionaron desde el inicio el posible acuerdo, algo que definitivamente se ha confirmado.

A la hora de repartir culpas creo que es necesario superar en lo posible ese relato de incompatibilidad de posiciones y entender la posición de cada cual. Es cierto que la táctica y la estrategia han primado pero, nos guste o no (y esos gustos no son construidos de forma autónoma) así es la política. Lo que se debería exigir es que entre las prioridades si volviese a situar la responsabilidad que los representantes tienen para con los representados, más allá de las preferencias partidarias: la formación de un gobierno para todos y todas.

Sería fácil insistir en la argumentación sobre la “culpa del otro”, pero creo que no es lo que conviene, ni a la ciudadanía ni a los actores políticos. La posición de cada cual es legítima si sus militantes y afiliados así lo consideran. Deberemos centrar el foco de nuestra atención en las propuestas y en la voluntad de acuerdo y no sólo sobre los argumentos que muchos medios quieren poner sobre la mesa, creando e incidiendo en la creación, consolidación y polarización de las posiciones.

EL URBANISMO COMO OPORTUNIDAD

      

                El urbanismo, así con mayúsculas, ha entrado en la agenda del nuevo gobierno a causa de la anulación por parte del Tribunal Supremo del Plan de ordenación urbana aprobado en 2011. Esto provoca una serie de conflictos administrativos, pero paralelamente una oportunidad para superar la dependencia histórica que nuestro municipio ha tenido del sector del ladrillo. Las palabras del actual Alcalde sobre la “oportunidad” que ofrece la anulación introducen un cierto optimismo pese al problema de volver temporalmente al planeamiento del año 1986.

                El plan de 2011 nace, en principio,  de una necesidad: la adecuación del planeamiento dado el “agotamiento” del Plan General del año 86. Y esta necesidad se aborda, por parte del anterior gobierno municipal, desde la perspectiva que condicionaba el urbanismo en la época de la expansión del ladrillo como apuesta política. Pero afortunadamente ( o desgraciadamente, según el interés) nace en los estertores de la burbuja.

                El diseño de la política urbanística se realizó, como decía, bajo criterios expansivos, sin que la aprobación del nuevo planeamiento conllevase revisión o previsión alguna en lo referente a la prestación presente y  sobre todo futura de los servicios básicos.  Por lo tanto, pecó de una cierta irracionalidad en cuanto a la eficacia y sostenibilidad en  su desarrollo: Agua, residuos, energía, etc. aparentemente no fueron tenidos en cuenta, al igual que el estudio económico financiero que, según el Tribunal Supremo, era requisito del  planeamiento y motivo de su anulación (pese a que la Ley Urbanística Valenciana no lo exigía). Se produce un problema que pone en evidencia los conflictos de la administración multidimensional donde una administración enmienda lo que otra hace y provoca un problema. Pero al mismo tiempo, el gobierno emanado de las elecciones municipales de 2015 podría utilizarlo como solución para lo que, tanto para ellos (en la oposición entonces) como para muchos otros fue una norma urbanística sobredimensionada e irracional.

                Igualmente se da una posibilidad para que los actuales actores políticos acuerden (así lo ha solicitado ya algún grupo) empezar a construir desde abajo: la mesa de trabajo sobre los criterios urbanísticos podrían contar con nuevos actores y nuevos roles de otros que en la actualidad solo se ocupan de asuntos relacionados con los efectos de la revisión catastral y el impuesto de bienes inmuebles. Ello posiblemente incidiría en un compromiso mantenido por el nuevo gobierno municipal: mejorar la calidad democrática del debate, y en concreto, sobre el diseño urbano y la racionalidad en la prestación de servicios. Aunque para ello alguna de las partes que hasta ahora ha sido únicamente oposición debería revisar su estrategia y ampliar el espectro de su interés. Contar igualmente con promotores, propietarios (y no solo en el período de exposición pública) incidiría igualmente en esa mejora de la calidad democrática que se exige y a la que se comprometieron los actuales gobernantes municipales en la campaña electoral.

                Comparto por tanto el planteamiento inicial de lo que podría llegar a ser una nueva política urbanística, considerando que además es un reto, no solo para la actual corporación municipal, sino para el futuro de nuestro municipio. Es cierto que la solución está constreñida por normativas supramunicipales, pero la decisión de dónde y cómo va a ser fundamental, y ésta debe contar con el consenso más amplio posible y así ser, no solo duradera en el tiempo, sino eficaz en cuanto a los objetivos, algo de lo  que el defenestrado plan carecía.