Asociación Cultural CONSTRUYE SOCIALISMO

ADMINISTRACIÓN LOCAL: ¿CRISIS, PARA QUIEN?


A pesar de que la clase política ha tardado en reconocer la situación de la crisis, todos ellos, ya sean de un color u otro, se han apuntado rápidamente a aplicar medidas presupuestarias restrictivas que empeoran las condiciones laborales del personal al servicio de la administración y tienen un impacto directo en la calidad de los servicios públicos.

En los últimos años, obsesionados por cerrar los presupuestos municipales con déficit 0, la administración pública ha olvidado que su finalidad es dar un servicio de calidad a sus ciudadanos, empleando una visión netamente neoliberal de acuerdo a las tendencias de la Europa del capital. Entendemos que en tiempos de crisis, la administración local ha de fomentar el empleo pública y mantener los derechos laborales de los empleados municipales.

Los equipos de gobierno municipales aplican políticas laborales y sociales que benefician a los propios partidos políticos y a los sectores empresariales afines que les dan soporte y financian sus campañas; en definitiva practican el “clientelismo” político que garantiza la continuidad en el cargo. No importa el ciudadano, sino mantener la “poltrona” con un sueldo millonario. El municipalismo democrático parece dejar paso a una especie de “partidocracia.”

¿Qué está pasando en la administración local?
1. Se adaptan las estructuras orgánicas (RPTs, organigramas, etc) en función de los cargos a nombrar y no de las necesidades de la ciudadanía.
2.
3. Hay un exceso de cargos de confianza(sic) con funciones y sueldos de alto directivo en la administración, obviando los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la función pública.

4. Se elaboran presupuestos orientados a la propaganda política del partido gobernante, malgastando dineros públicos como: prensa, móviles, dietas, vehículos oficiales, comidas, protocolos e inauguraciones fastuosas

5. A más privatización, más precariedad laboral y salarial: se externalizan los servicios públicos, degradando su calidad, adjudicando los trabajos a empresas afines que suponen un coste mayor en la prestación del servicio y empeora las condiciones de trabajo del personal contratado.

6. La gestión pública del sector privado implica, evidentemente, no dar un servicio social sino buscar un beneficio a costa de las condiciones laborales de sus trabajadores. Se aplica la directiva Bolkenstein, “patente de corso”, para desmontar lo que aún queda del sector público con la colaboración del poder político

7. Se paraliza la negociación colectiva con la excusa de la crisis. La estrategia de los ayuntamientos es escudarse en el asesoramiento técnico de la Diputación. Este asesoramiento, políticamente interesado en la búsqueda de un convenio único y a la baja va en contra de los intereses de los/las trabajadores/as de la administración. Este modelo de convenio único nada más beneficia a los sindicatos burocratizados y alineados a los partidos políticos en detrimento de la legítima representación sindical local. ¿Convenio único=Sindicato único?











¿Cuales son las consecuencias de estas políticas municipales?
1. Después de 30 años de municipalismo “democrático” todavía prima el objetivo electoralista del partido gobernante por encima de las necesidades reales de los ciudadanos.
2. Se genera empleo público “a dedo” y partidista, vetando a la ciudadanía, en especial a los jóvenes, la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo público.
3. Los funcionarios acceden a la función pública mediante procesos selectivos y con retribuciones fruto de la negociación colectiva. La “casta” privilegiada de cargos de confianza, que ejercen la alta dirección de los servicios municipales, accede por su fidelidad política y no por su profesionalidad. Se les asigna grandes sueldos, adjudicados arbitrariamente por el político de turno. Esta situación degrada los servicios públicos.
4. Una gran parte de los fondos públicos, que pagamos entre todos, se malgastan sin control sindical ni social en detrimento de los gastos sociales.
5. La externalización y la gestión indirecta precariza el trabajo y tiene como consecuencias inmediatas:
• Prestamismo laboral: utilización de espacios y materiales públicos por personas ajenas a la administración
• Dobles escalas salariales
• Jornadas laborales con “flexibilidad horaria” impuesta que hacen imposible la conciliación de la vida laboral y familiar
• Generación de miles de horas extras que corresponderían a puestos de trabajo público con jornadas enteras. La administración no genera empleo público.
• Incremento de la siniestralidad laboral por la falta de vigilancia en la prevención de los riesgos laborales.

Propuestas ante la crisis:

1. Basta de nepotismo democrático. No a los nombramientos a dedo y sí al acceso transparente a la función pública.
2. Elaborar presupuestos sociales frente a presupuestos del interés del capital, que atiendan a las necesidades de los ciudadanos y mantengan los derechos laborales del personal de la administración con la finalidad de dar un servicio público de calidad.
3. Limitar el número y reducir los salarios de asesores, directivos, cargos de confianza y políticos. Sí a salarios dignos para todos, no al enriquecimiento a través del cargo público
4. Más transparencia en la gestión de los presupuestos municipales y de las empresas dependientes
5. Que las políticas municipales de Promoción económica fomenten el empleo local en lugar del empleo partidista
6. Racionalizar las horas extras y fomentar el empleo público de aquellas que son estructurales.
7. Potenciar y desencallar la negociación colectiva en base a:
• Conseguir salarios dignos que garanticen el poder adquisitivo del personal de la administración, teniendo en cuenta la manipulación política del IPC real (gas, electricidad y agua han subido por encima del 10%, productos básicos, etc)
• Aplicar políticas de incrementos salariales que garanticen la equidad retributiva e ir reduciendo el abanico salarial
• Garantizar la participación sindical en la confección de las plantillas y oferta pública que garantice la dotación correcta de efectivos en todos los servicios municipales.
• Conseguir y mantener las 35 horas de jornada laboral acabando con la flexibilización y bolsas horarias en defensa de la creación de empleo y de la conciliación de la vida laboral y familiar
• Garantizar y fomentar la promoción interna atendiendo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad
• Fomentar la jubilación parcial mediante la contratación de relevo, para fomentar el empleo.




DEFENDEMOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS PORQUE:

• El ámbito público busca la protección social y la redistribución de la riqueza de forma colectiva mientras que el privado busca la rentabilidad, la eficacia y la competitividad desde el interés individualista
• El ámbito público ha de garantizar la justicia, la igualdad y la solidaridad sociales. En el ámbito privado no hay redistribución social y sí explotación laboral
• Privatizar un servicio público significa reconocer el fracaso de los que gestionan la administración pública, que son los políticos. Por eso hacen falta directivos profesionales y no políticos fidelizados
• No aceptamos la gestión indirecta de los servicios públicos, es decir, servicios de titulación municipal de ejecución privada. Reclamamos la municipalización de los servicios públicos privatizados con el objetivo de fomentar el empleo de calidad y la mejora de los servicios públicos que recibe la ciudadanía.