PERMITIDME LAS MAYUSCULAS.

PARA INFORMAR A LOS POCOS O MUY POCOS QUE SIENTAN ALGUNA CURIOSIDAD POR EL BLOG QUE HUMILDEMENTE MANTENGO, QUE A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES MIGRARÉ DEFINITIVAMENTE A LA HOJA ROJA
http://lahojarojadelcampello.blogspot.com.es/

HA SIDO UNA ETAPA ABSOLUTAMENTE DE EVOLUCIÓN Y AGRADEZCO DE CORAZÓN A TODOS AQUELLOS Y AQUELLAS QUE LO HAN SEGUIDO EN MAYOR O MENOR MEDIA; A TODOS Y TODAS LOS QUE HAN APORTADO SU CRITICA, QUE ME HA HECHO REFLEXIONAR Y MEJORAR.

GRACIAS Y, SI ASÍ LO CONSIDERÁIS, NOS VEMOS EN LA HOJA ROJA

CULPABLES.

El fallido intento de formar un gobierno alternativo que concretase el hipotético mandato de las urnas (hipotético porque las lecturas no son unánimes, al condicionarlas los intereses y estrategias) nos ha situado de nuevo ante las urnas. Esto no es ni bueno ni malo; simplemente es el fruto de la ausencia de un valor que ha estado ausente en la política nacional desde la recuperación de la democracia ( el valor del diálogo) pese al intento de poner en valor los acuerdos de la transición sin tener presente el contexto histórico-económico en el que se dan.

La acusación de culpabilidad parece que va a ser un argumento recurrente. Y en la construcción de las diferentes culpabilidades van a jugar un papel central los diferentes medios de comunicación, en función de los intereses empresariales que representan. Pero, ¿ a quién culpará la ciudadanía? Como decía, en función de la carga emotiva acumulada en un proceso fallido de negociación (es un hecho que las posiciones se han polarizado cuasi en una metáfora futbolística, donde los argumentos del “otro” son falsos por principios).

El PSOE asumió un papel que en principio no le correspondía: el PP y su candidato se pusieron de perfil como estrategia de distracción (algo que parece que les resultará productivo si a las encuestas nos referimos). Pero ese papel se inició desdibujado dadas las limitaciones planteadas por el Comité Federal y la vehemencia con la que algunos líderes territoriales han defendido posiciones incluso contrarias a las preferencias de sus propios electores. No obstante, la opción de acuerdo trasversal fue una apuesta que, en mi opinión, expresaba una opción razonable: acuerdo entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Los errores, en mi opinión fueron dos. En primer lugar, aceptar las exclusiones mutuas de Ciudadanos y Podemos. En segundo lugar  explorar, en primer lugar, el acuerdo con Ciudadanos antes de con Podemos.

Las exclusiones han sido tácitas y explícitas. Podemos excluyó a Ciudadanos y Ciudadanos a Podemos. Desde posiciones diferentes (Podemos planteaba un acuerdo unilateral de la izquierda con el apoyo pasivo de Esquerra y la nueva marca de CiU frente al intento de “gran coalición” de Ciudadanos con el PP pese a la indiferencia y el maniqueísmo de éstos utilizando como argumento el resultado electoral y no las reglas parlamentarias) los nuevos y “fornidos” actores condicionaron desde el inicio el posible acuerdo, algo que definitivamente se ha confirmado.

A la hora de repartir culpas creo que es necesario superar en lo posible ese relato de incompatibilidad de posiciones y entender la posición de cada cual. Es cierto que la táctica y la estrategia han primado pero, nos guste o no (y esos gustos no son construidos de forma autónoma) así es la política. Lo que se debería exigir es que entre las prioridades si volviese a situar la responsabilidad que los representantes tienen para con los representados, más allá de las preferencias partidarias: la formación de un gobierno para todos y todas.

Sería fácil insistir en la argumentación sobre la “culpa del otro”, pero creo que no es lo que conviene, ni a la ciudadanía ni a los actores políticos. La posición de cada cual es legítima si sus militantes y afiliados así lo consideran. Deberemos centrar el foco de nuestra atención en las propuestas y en la voluntad de acuerdo y no sólo sobre los argumentos que muchos medios quieren poner sobre la mesa, creando e incidiendo en la creación, consolidación y polarización de las posiciones.

EL URBANISMO COMO OPORTUNIDAD

      

                El urbanismo, así con mayúsculas, ha entrado en la agenda del nuevo gobierno a causa de la anulación por parte del Tribunal Supremo del Plan de ordenación urbana aprobado en 2011. Esto provoca una serie de conflictos administrativos, pero paralelamente una oportunidad para superar la dependencia histórica que nuestro municipio ha tenido del sector del ladrillo. Las palabras del actual Alcalde sobre la “oportunidad” que ofrece la anulación introducen un cierto optimismo pese al problema de volver temporalmente al planeamiento del año 1986.

                El plan de 2011 nace, en principio,  de una necesidad: la adecuación del planeamiento dado el “agotamiento” del Plan General del año 86. Y esta necesidad se aborda, por parte del anterior gobierno municipal, desde la perspectiva que condicionaba el urbanismo en la época de la expansión del ladrillo como apuesta política. Pero afortunadamente ( o desgraciadamente, según el interés) nace en los estertores de la burbuja.

                El diseño de la política urbanística se realizó, como decía, bajo criterios expansivos, sin que la aprobación del nuevo planeamiento conllevase revisión o previsión alguna en lo referente a la prestación presente y  sobre todo futura de los servicios básicos.  Por lo tanto, pecó de una cierta irracionalidad en cuanto a la eficacia y sostenibilidad en  su desarrollo: Agua, residuos, energía, etc. aparentemente no fueron tenidos en cuenta, al igual que el estudio económico financiero que, según el Tribunal Supremo, era requisito del  planeamiento y motivo de su anulación (pese a que la Ley Urbanística Valenciana no lo exigía). Se produce un problema que pone en evidencia los conflictos de la administración multidimensional donde una administración enmienda lo que otra hace y provoca un problema. Pero al mismo tiempo, el gobierno emanado de las elecciones municipales de 2015 podría utilizarlo como solución para lo que, tanto para ellos (en la oposición entonces) como para muchos otros fue una norma urbanística sobredimensionada e irracional.

                Igualmente se da una posibilidad para que los actuales actores políticos acuerden (así lo ha solicitado ya algún grupo) empezar a construir desde abajo: la mesa de trabajo sobre los criterios urbanísticos podrían contar con nuevos actores y nuevos roles de otros que en la actualidad solo se ocupan de asuntos relacionados con los efectos de la revisión catastral y el impuesto de bienes inmuebles. Ello posiblemente incidiría en un compromiso mantenido por el nuevo gobierno municipal: mejorar la calidad democrática del debate, y en concreto, sobre el diseño urbano y la racionalidad en la prestación de servicios. Aunque para ello alguna de las partes que hasta ahora ha sido únicamente oposición debería revisar su estrategia y ampliar el espectro de su interés. Contar igualmente con promotores, propietarios (y no solo en el período de exposición pública) incidiría igualmente en esa mejora de la calidad democrática que se exige y a la que se comprometieron los actuales gobernantes municipales en la campaña electoral.

                Comparto por tanto el planteamiento inicial de lo que podría llegar a ser una nueva política urbanística, considerando que además es un reto, no solo para la actual corporación municipal, sino para el futuro de nuestro municipio. Es cierto que la solución está constreñida por normativas supramunicipales, pero la decisión de dónde y cómo va a ser fundamental, y ésta debe contar con el consenso más amplio posible y así ser, no solo duradera en el tiempo, sino eficaz en cuanto a los objetivos, algo de lo  que el defenestrado plan carecía.

EL CONSEJO DE CIUDAD:¿ un compromiso con la nueva realidad o un acto administrativo?

El término de Gobernanza se ha puesto de moda en las últimas décadas, y no ha sido por la voluntad de las instituciones políticas de “ceder” espacios de poder o favorecer la deliberación entre política y ciudadanía. El motivo es, ese otro término que tanto hemos escuchado: desafección. La distancia entre ciudadanía y gobiernos se ha convertido en un problema: los gobiernos han pasado de ser una solución a un problema, algo que forma parte de ese relato social que impulsó en nuestro país el movimiento 15M y que ha variado los equilibrios entre ciudadanía y poder político.

Pero, ¿Qué es la Gobernanza en sí?. Es, por así decirlo, el nuevo paradigma de gobierno que responde o intenta responder a una nueva realidad. La más que evidente complejidad de la sociedad civil, las incertidumbres y la variedad de actores en juego ha motivado la necesidad de incorporar a esos actores en el acto de gobierno, con el objetivo de mejorar las políticas públicas. Este nuevo paradigma provoca así mismo una discusión: los que defienden que la democracia es conflicto y confrontación y los que defienden el carácter deliberativo y de diálogo. A través de ésta nueva voluntad política se persigue formalizar espacios de interacción por voluntad de la administración pública. Y aquí encontramos una primera variable que convierte al término en algo vacio o en una verdadera apuesta por la mejora de la calidad democrática: “voluntad”.

No obstante, existen diferentes tipos de definición o entendimiento para la palabra Gobernanza. Desde una apuesta jerarquizada, donde la administración sigue determinando de arriba abajo las formas de relación, hasta una Gobernanza en red, donde el gobierno se orienta hacia la sociedad civil posibilitando efectivamente la participación de los diferentes actores. Esta última forma, más horizontal, de una relación de mayor igualdad, de deliberación y debate de posiciones  que se da en un marco institucional, de reglas y normas orientadas al diseño de políticas públicas concretas, es la verdaderamente deseable

Pero la palabra en si carece de sentido o puede estar sujeta a interpretaciones subjetivas que instrumentalicen su significado. Para ello, es precisa una valoración de la calidad democrática del proceso, y varias son las preguntas que deberemos hacernos: ¿se cuenta con el mayor número de actores, sus características son lo suficientemente heterogéneas para promover un debate, se trata de una acción sistemática y no coyuntural en el tiempo, las relaciones de poder son simétricas (se delega capacidad de decisión), se conjugan conflicto y diálogo, se tiene, efectivamente la capacidad de influir (relacionado con la simetría del poder), se mantienen posiciones lo suficientemente permeables, asumiendo la posición del “otro” como válida aunque discutible, tiene una alta difusión social el proceso deliberativo y de acuerdo en el resto de la sociedad?. Estas preguntas tienen una respuesta que nos dará el grado de mejora de la calidad democrática de una decisión que no puede, en ningún caso tratarse de un brindis al sol ni una acción coyuntural a causa de la moda terminológica para así cubrir una parte del curriculun institucional. Debe tratarse de una voluntad expresada en normas y acuerdos.

Evidentemente, una decisión de éste tipo se encontrará con múltiples dificultades como múltiples son los puntos de vista. Los que antepongan únicamente el conflicto como elemento de negociación, frente a los que se nieguen a reconocer la validez de las posiciones diversas e incluso contrapuestas de los actores sociales; los que consideren que la negociación no es posible a causa de los prejuicios sobre la “maldad intrínseca” de los representantes o incluso la ausencia de voluntad real por parte de esos representantes de ceder espacios de decisión a actores que en muchas ocasiones siguen siendo vistos como “opositores” y no como posibles aliados para conformar amplios espacios de consenso. Todas las adversidades y vicisitudes deberán ser salvadas para desarrollar un ejercicio que, en definitiva tiene un objetivo mucho más importante: reconciliar, en lo posible y de forma progresiva y efectiva, a la sociedad con la política.

POR FAVOR, UN POCO DE REFLEXIÓN

Ayer, escribía en mi humilde blog una entrada, en la que hacía hincapié en una circunstancia que a mi, personalmente me crea una cierta preocupación: la ausencia de análisis político más allá de la acción puramente emocional. Y cuando hablo de análisis político, me refiero expresamente a un estudio sobre determinadas situaciones que, guiadas por lo puramente emotivo, se enfrentan a una difícil solución.

Pondré un ejemplo. Cuando se produce la salida de uno de los socios iniciales del gobierno plural de El Campello, se encadenan una serie de desencuentros que parecen culminar en un comunicado de prensa en el que los argumentos políticos brillan por su ausencia. Un documento repleto de juicios de valor fundamentados en un cierto sentido común cuya base argumental es, algo así como “las cosas aquí se hacen así”.  Y pese a la , en principio heterogeneidad en la composición del gobierno, todos parecen compartir ese análisis sesgado y tendencioso basado en opiniones subjetivas.

El enfrentamiento epistolar e institucional entre el gobierno municipal y Esquerra Unida es un hecho que podemos constatar si echamos un somero vistazo a los titulares. Se hace más evidente si profundizamos un poco en los contenidos. La conclusión de todo ello, me lleva a plantear la imposible reconciliación, a menos que las posiciones se deban únicamente a una especie de metáfora dramatúrgica donde cada cual desempeña un papel en función de un guión ( el guión de Esquerra Unida es el de la radicalidad discursiva, que le aleja de las posiciones, en principio pragmáticas, que defiende o mantiene el actual gobierno).

Pero la cuestión a la que me quiero referir, sin dar más rodeos, es a la falta de una perspectiva verdaderamente política, desde donde analizar racionalmente, no solo el comportamiento de cada uno de los actores, sino las consecuencias (deseadas o no) de la actuación de cada cual.

Y vuelvo a poner un ejemplo. Si, legítimamente Esquerra Unida presenta una propuesta al Pleno municipal exigiendo el cumplimiento de uno de los puntos incluidos en el acuerdo de investidura, ¿porqué se rechaza?. Los argumentos en contra son muy cuestionables ( la presunta parálisis institucional se soluciona de diversas formas y maneras). Un análisis racional de la situación, nos llevaría a pensar en dos cuestiones: ¿quién gestiona la propuesta una vez aprobada?. ¿acaso Esquerra Unida solicitaba la creación de una comisión municipal encargada del debate del cómo y el cuándo?, ¿no sería, en su caso, el gobierno municipal el que debería gestionar los tiempos en la ejecución de la propuesta?. Y este ejemplo nos podría servir para aplicarlo a cualquier otra moción con un contenido directo a la realidad local.

En definitiva, lo que quiero plantear o en su caso poner en evidencia, es ese cortoplacismo miope de quienes, pese al incesante intento de construir en torno a si, de un relato de pertenencia basado en la retórica emotiva, no parecen capaces de analizar la situación de una forma lógica en función, no de la instrumentalidad de sus intereses; no desde sus pulsiones emotivo-partidarias, sino desde esa necesaria e interesante visión que demuestra una altura de miras digna de los que se dicen representantes del cambio político.

Y, restando la parte de confrontación, podríamos aplicarlo igualmente al otro socio de investidura: el PSPV-PSOE, que instalado en un parsimonioso debate sobre si participar o no; sobre si se dan las circunstancias objetivas o no, va dejando pasar un precioso tiempo para demostrar a la ciudadanía su compromiso con el cambio político. Pero sobre la situación del PSPV-PSOE local, es mi intención opinar en otra entrada del blog.

¿HAY ALGUNA SOLUCIÓN?

Desde la toma de posesión de la actual corporación, y el acuerdo plural para constituir el gobierno municipal, se han sucedido algunos hechos dignos, como mínimo, de un humilde análisis. Ya he opinado sobre la elección de la Alcaldía, a lo que únicamente añadiré una frase pronunciada por el líder de Podemos respecto a su “ofrecimiento” a Pedro Sánchez mientras éste se reunía como el Rey: “sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer”.

Un acontecimiento sacudió al nuevo gobierno a los pocos meses: la presunta “deslealtad” de Esquerra Unida para con el gobierno, o dicho de otra manera: un hecho inevitable, dados los actores en escena. Y éste hecho, marcó, en mi modesta opinión un antes y un después al que no han sabido contestar los actuales componentes del gobierno en minoría. Me refiero, al margen de insinuaciones más o menos explícitas por parte del Alcalde a otros grupos a sumarse al gobierno ( dirigido principalmente al Grupo Socialista). El ofrecimiento público y expreso, a la vista del deterioro de las relaciones entre el gobierno municipal en minoría y su antiguo socio Esquerra Unida, debería haber sido incluyendo otras organizaciones, y me refiero en concreto a Ciudadanos.

Está claro que actualmente hay dos grupos políticos con los que el gobierno tripartito no puede contar: PP y Esquerra Unida. Unos, por ser los que han gobernado a golpe de mayoría absoluta el ayuntamiento más de veinte años, estar bajo la lupa de la fiscalía anticorrupción por irregularidades en su financiación y ser los artífices de lo hecho hasta la llegada de los “nuevos” ( al margen de las diferencias ideológicas que explícitamente se escenifica en el escenario estatal y ser los representantes de la austeridad y los recortes salvajes que ha sufrido éste país). Con Esquerra Unida tampoco pueden contar, pues el erróneo análisis político, basado fundamentalmente en pulsiones personales y no en una mínima racionalidad política, les ha empujado al lugar donde más cómodos se encuentran: la oposición. Y, lejos de limar asperezas, el gobierno en minoría ha echado “gasolina” oponiéndose incluso a aprobar mociones que tenían una relación directa con el acuerdo que llevó a la Alcaldía al actual regidor ( una prueba más de una errónea lectura política y una muestra de rapidísima institucionalización de los nuevos inquilinos del poder municipal que, pese a mantener un relativo relato emotivo-personal sobre el cambio y el intento ( en mi opinión igualmente fallido) de construir un imaginario colectivo que les fuese favorable siguen en la apacible trinchera de la excusa coyuntural.

Y, si no pueden contar ni con PP ni con EU, ¿con quién deben contar?. Con el PSPV-PSOE y con Ciudadanos. Al primero, parte igualmente del acuerdo de investidura, se le deben ofrecer las condiciones necesarias para su definitiva implicación en el gobierno algo, que por otro lado, les favorecería de cara a recomponer ( al menos a intentarlo) las deterioradas relaciones con su electorado. El segundo, con los condicionamientos simbólicos que estableció desde el inicio de la legislatura ( no gobernar con Compromís, al que calificaron de partido “independentista”) se le debe ofrecer la posibilidad, si no de gestionar directamente, sí de controlar de forma directa la gestión a través, por ejemplo, de la presidencia efectiva de una comisión municipal de relevancia así como una silla, aunque fuese de oyente, en la Junta Local de Gobierno.

Y a ambos ( y también evidentemente a PP y a EU, con las dificultades comentadas y el condicionante de un enfrentamiento con los segundos bastante incomprensible) se le debería plantear un acuerdo sobre un número determinado de ejes políticos. Véase: presupuesto municipal, Vertedero, Plan General, IBI y participación ciudadana. Pero para llegar al punto de concreción, es preciso demostrar algo que hasta ahora ha pasado desapercibido: liderazgo. El equipo de gobierno debe rearmarse y romper las ataduras que él mismo ha asumido con una excesiva y pronta institucionalización; bajando a la arena y demostrando que ese discurso retórico del cambio y ese ideario colectivo que se pretende crear, tienen una base política más allá del talante de las personas que hoy desempeñan cargos de representación.

A PERRO FLACO.

Los problemas parecen perseguir al equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Campello. A la situación del vertedero, la reclamación sobre el IBI, la prórroga del Presupuesto municipal desde 2014 ( con un presupuesto desajustado a causa de las modificaciones a la baja del tipo del IBI), se une ahora la anulación del expansivo Plan General de Ordenación Urbana. Un primer y aparente efecto de dicha anulación parece ser el “frenazo” a la “recuperación” de la construcción, algo que, siendo preocupante bien pudiera ser el catalizador de una necesidad perentoria para El Campello desde hace años: la articulación de una propuesta de modelo económico no dependiente del ladrillo y el comercio estacional.

Parece evidente que volver a la situación de 1986 en cuanto a ordenamiento urbano se refiere podría, no solo ser un “freno” ( aunque aquí el dicho de “no hay mal que por bien no venga” podría ser incluso positivo) al desarrollo local. Las posibles reclamaciones de las empresas con intereses en el plan anulado podrían reclamar responsabilidad patrimonial, algo que sería un retroceso ( en caso de prosperar) para la ciudadanía, dados los fondos públicos que se deberían destinar a indemnizar a los interesados. En éste caso ( sin olvidar otras indemnizaciones por actuaciones pasadas, como es el caso del aparcamiento de la Avda. Els Furs) , los que votaron afirmativamente o se abstuvieron en la aprobación del Plan tienen una responsabilidad política que habría que exigir, aunque ya se sabe que eso de la responsabilidad política, al ser un principio “ético”, se es propenso a la interpretación política.

Demasiados asuntos se amontonan en la mesa de un gobierno que, pese a una pretendida imagen de normalidad, vive instalado en una inercia que, de no remediarlo nadie, va encaminada hacia una parálisis institucional, cuya únicas salidas bien podrían ser: el establecimiento de un amplio acuerdo que sume los apoyos suficientes, al menos en cuanto a los asuntos de interés general; o la elección de un nuevo Alcalde y un nuevo equipo de gobierno con un mayor respaldo en el Pleno.

Se podría excluir la posibilidad de una moción de censura, dada la fragmentación política del Pleno, algo que imposibilita la suma de una mayoría suficiente, en principio ( alguno de los socios actuales del gobierno en minoría debería reconsiderar su posición, algo bastante improbable pero no imposible en las posibles combinaciones que un futurible podría arrojar).

Para alcanzar un acuerdo lo suficientemente sólido como para abordar los asuntos que denominamos de interés general, precisaría del consenso entre, al menos, los actuales miembros del gobierno en minoría, más el Grupo Socialista y el Grupo de Ciudadanos. ¿Porqué excluyo a Esquerra Unida y Partido Popular?. Creo que el Partido Popular no aceptaría cooperar con un gobierno que considera ilegítimo ( legal pero sin legitimidad institucional) según ese principio inventado por ellos del gobierno del más votado que no tiene en cuenta la correlación de fuerzas con representación. En cuanto a Esquerra Unida, la situación que se ha propiciado tras su salida del gobierno municipal ha situado a la coalición de izquierdas lejos de cualquier posición de consenso digamos, viable. Aunque ya se sabe que en política los enemigos de un día pueden convertirse en amigos al siguiente, aunque en éste caso me parece poco probable.

El acuerdo con el Grupo Socialista parece que no sería un escollo ya que cuenta con el apoyo de forma habitual. La cuestión a dilucidar sería si estarían dispuestos a participar directamente en el gobierno o no. En cuanto a Ciudadanos, considero que el acuerdo dependería de variables que se me escapan. Aunque como mínimo, tanto el PSPV como Ciudadanos deberían participar en la Junta de Gobierno y asumir la presidencia de alguna de las comisiones municipales en función de los términos del acuerdo de mínimos que se alcanzase.

Humildemente considero que la sucesión de inconvenientes puede llegar a bloquear, más si cabe, un Ayuntamiento que debe afrontar importantes retos, no sólo los que antes indicaba, sino medidas y políticas dirigidas a definir, al menos inicialmente, cuál será el futuro a medio plazo de un pueblo en exceso dependiente de recursos; o sujetos a la temporalidad o a la inversión coyuntural, pero exentos ambos de la proyección y solidez suficiente para afrontar un futuro cada vez más incierto.

UN PRIMER PASO.

No se si es conocido por la ciudadanía, pero vivimos con un Presupuesto Municipal de “prestado”. Y además de prestado ( vivimos del Presupuesto de 2014 prorrogado a 2015 y todavía a lo que llevamos de 2016), vivimos de un Presupuesto cuyos ingresos no son reales: sólo hay que ver las sucesivas bajadas del tipo del IBI que conllevan reducción de ingresos ( por lo que vivimos en un Presupuesto “hinchado” o inflado).

Dicho esto, cabe una pregunta: ¿Porqué la corporación que tomó posesión tras las elecciones del 15 de mayo no ha presentado un borrador de Presupuesto a debate?. Los argumentos son diversos e igualmente variopintos. En un principio, el argumento ( válido) era: estamos aterrizando. Pasado el tiempo: no tenemos mayoría suficiente como para presentar las cuentas. Siendo absolutamente comprensible el primero, el segundo se cae si revisamos la legislación vigente. En concreto, la Ley 27/2013 de 27 de abril de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales. Esta Ley, además de para controlar algunos parámetros de la actividad municipal ( el endeudamiento) le sirvió al gobierno del PP para, sin quitárselas, “quitarle” competencias al Pleno municipal en el caso de la situación de presupuestos prorrogados ( la nuestra), bajo la excusa de “superar determinadas situaciones de bloqueo institucional”, o lo que en mi opinión es: como perderé poder local en las elecciones, pero seguiré siendo la fuerza mayoritaria, podré, sin contar con el Pleno ( en el que supuestamente no tendré mayoría) aprobar el principal instrumento de planificación política. Pero les salió mal, dada la fragmentación del voto pero su confluencia final en gobierno de distinto signo a los existentes hasta entonces ( por ejemplo: Comunidad Valenciana, El Campello, Sant Joan…)

La disposición adicional decimosexta prevé que la Junta de Gobierno Local ( en nuestro Ayuntamiento compuesta por el actual gobierno en minoría de tres organizaciones) pueda, tras presentar los Presupuestos al Pleno municipal, y si éstos son rechazados por el mismo, aprobarlos para posteriormente dar cuenta al Pleno ( el resto de trámites, como las alegaciones, serán igualmente competencia del órgano que apruebe el presupuesto: la Junta de Gobierno).

Si la legislación vigente permite este “vaciado” de contenido al Pleno, ¿ porqué el nuevo gobierno, con el apoyo del PSPV-PSOE,  no presenta una propuesta de Presupuesto Municipal, ajustando así las cifras, como mínimo, a la realidad?. Las explicaciones me las reservo porque únicamente son opiniones.

No obstante, y vista la salvedad de la legislación sobre los mecanismos de aprobación de los Presupuestos municipales, creo que no se deberían hacer más cambios ( modificaciones) para salvar el momento y presentar un documento presupuestario que expresase las reales intenciones del actual gobierno, pues de lo contrario, dedicándose a vivir políticamente de los “restos” e inercias, poco o muy poco va a demostrar, aunque tiempo tenemos para rectificar.

Quizá se está a la espera de que el gobierno del Estado cambie, pero esto no me cuadra, a menos que ya exista un dialogo entre los diferentes grupos para que la aprobación no requiera de la excepcionalidad aprobada e impuesta por la mayoría absoluta del gobierno del PP.

Creo que hay que empezar por algún lado a materializar el cambio, más allá del carácter de los gobernantes, pues no hay que olvidar una cosa: éstos son coyunturales, y las normas y acuerdos por escrito y aprobados por órganos oficiales trascienden la coyunturalidad.

CINTURA POLÍTICA

La política local está pasando por una fase de, digamos: extrema complejidad. Voy a intentar explicarme.

La conformación del actual gobierno municipal vino precedido de un debate agrio sobre una cuestión que, pese a haber pasado relativamente desapercibida, no es baladí: el liderazgo. Un acuerdo tácito en la Comunidad Valenciana señalaba que sería el líder del partido más votado o con mayor representación parlamentaria de los actores en dialogo el que asumiera la Presidencia institucional. En el caso de nuestro municipio una “conjunción” de hechos propició que el partido con más votos pero con igual número de concejales y concejalas fuera, por decirlo eufemísticamente: excluido en la carrera por encabezar el nuevo gobierno. Esto, propició un posicionamiento del PSPV-PSOE mediante el cual rechazaba formar parte del gobierno pero apoyaba el documento que propiciaba la formación del nuevo gobierno. El vencedor “inesperado” fue Compromis que, pese a haber visto disminuido su apoyo electoral ( manteniendo no obstante su representación respecto a 2011) veía como esa “conjunción” a la que antes me refería, le posibilitaba alcanzar un logro político inimaginable: la Alcaldía.

La complejidad viene, al producirse una crisis en el flamante gobierno y concretarse una remodelación del gobierno, dejando fuera a uno de los socios iniciales: Esquerra Unida.

Los porqués de esa ruptura pueden ser comentados y, en virtud de la perspectiva desde donde se analicen, podrán favorecer o no a los concejales y concejalas de la coalición de izquierdas, pero lo que parece cada día más claro es la precariedad en la que quedó el hoy exiguo gobierno municipal.

En mi opinión, faltó cintura para mantener en el gobierno a los dos electos de Esquerra Unida, pues a pesar de las acusaciones públicas entre unos y otros y la decisión final de remodelar el gobierno sin su presencia, los votos de ésta organización eran y son necesarios para afrontar ese hipotético proyecto de cambio que se ofreció en la campaña electoral.

Ahora, con los electos de Esquerra Unida en la oposición, nos encontramos con posiciones, no dispares, sino enfrentadas. No voy a hacer ninguna valoración sobre el papel que jugó y juega Esquerra Unida, pero considero que la debilidad en la que se encuentra hoy el gobierno municipal corrobora más si cabe mi afirmación sobre la falta de cintura política.

El apoyo crítico pero mantenido del PSPV-PSOE no va a ser suficiente ( 3+2+1 + 3 suman solo 9, y se necesitan 11 votos para sacar adelante proyectos fundamentales como por ejemplo el Presupuesto Municipal, instrumento básico para planificar y diseñar una agenda política de cambio y avance). El enésimo episodio ha sido la negativa a aprobar una moción de Esquerra Unida sobre uno de los puntos que figuraban en el acuerdo que posibilitó el nuevo gobierno: la auditoria. Y sin entrar en la conveniencia, necesidad u oportunidad, nuevamente se ha carecido de la cintura o carácter político: la moción se podría haber aprobado para posteriormente acordar su gestión institucional y administrativa, y esto no era ni es una concesión excesiva pese a que así aparentemente ha podido ser interpretada, a la vista de los acontecimientos.

Lo que ahora tenemos es, desde mi punto de vista, un gobierno abiertamente institucionalizado y enrocado en una posición de resistencia únicamente sustentado por acciones individuales dependientes de la impronta o el carácter de las personas que están al frente de las delegaciones. Mi impresión, es que se está a la espera de conseguir los apoyos o el consentimiento del resto de grupos para poder sacar adelante nuevos proyectos ( muchos de los que se publicitan como nuevos provienen de la pasada legislatura). Si el actual gobierno municipal quiere, debe poder. Y debe poder porque tiene una responsabilidad que trasciende incluso a las personas que lo componen: diferenciar su gestión con claridad de la realizada por el Partido Popular más de veinte años. Y esto, no solo se hace con “talante” o decisiones personales, se lleva a cabo de forma normativa: aprobando instrumentos que incidan directamente en el presente y en el futuro de las personas que viven en El Campello.

Creo que debe darse un salto cualitativo urgente, y el gobierno actual tiene la obligación de plantearlo y gestionarlo pues para eso, y no para seguir una inercia marcada, accedió al poder.

Otra cuestión es el papel que quiera o pueda jugar el PSPV-PSOE, cuyo apoyo está siendo estable pero que más pronto que tarde debería clarificar su posición como partido que ha gobernado y cuyo objetivo político e institucional debería ser volver a hacerlo, si su compromiso está con el progreso de El Campello.

PONGAMOS QUE COMPARAMOS.

Los resultados del 20D ( perdón por la insistencia, pero creo que es necesario seguir conversando sobre la nueva realidad política porque de ella depende nuestro presente y, lo que es más importante: nuestro futuro) en el estado, ¿difieren mucho de los que se dieron en las municipales?. Si observamos los resultados, el  pp es el partido más votado. En segundo lugar, el PSOE pero a mayor distancia que la que se da en el parlamento. La entrada de emergentes no ha sido cuantitativamente similar, pero cualitativamente si.

No obstante, y siendo los equilibrios comparables, en El Campello se dio la coyuntura de que, el segundo partido más votado contaba con los mismos concejales que el tercero y el cuarto ( la diferencia de votos no  superaba los doscientos cincuenta de uno a otro), y el papel de los minoritarios era, al igual que en el parlamento surgido del 20D, fundamental.

¿Qué ocurrió?. Que existiendo tres partidos con la misma representación, el liderazgo alternativo se enredó en el número de votos, por un lado. Y por otro, que uno de los emergentes, “inventó” líneas rojas inexistentes ( presunto independentismo de uno de los grupos que, a la vista de los acontecimientos, se ha demostrado como una falacia interesada) para así poder optar por su espacio natural ( aunque negado): la derecha.

Imaginemos que, pese a haber obtenido más votos, el segundo partido en el parlamento tuviera los mismos diputados que el tercero, ¿Quién lideraría el gobierno?. En el “caso” de El campello, como ya he opinado en alguna ocasión, se dio una coyuntura determinada de oposición conjunta al segundo partido en votos que propició el acceso a la Alcaldía a la cuarta organización en número de votos. Esto, evidentemente no podría pasar en el parlamento, ¿o sí, pese a la diferencia de Diputados y Diputadas?. Es improbable que el segundo partido optase ( como fue el caso de El Campello) por “ceder” el liderazgo al tercero, por razones numéricas y de interés como partido.

Pero, sigamos suponiendo. Supongamos que el candidato del segundo partido en las Cortes sala elegido con el apoyo explícito de un conglomerado de grupos que, sin entrar a gobernar, condicionan la agenda política. ¿Tendría futuro un gobierno así construido?. Evidentemente dependerá del interés de los grupos que han apoyado la investidura en dos aspectos: política y electoralmente.

En El Campello, la retirada del segundo partido ( en número de votos) y su negativa a entrar en el gobierno, apoyando desde la oposición un programa acordado y con acuerdos preferenciales ( supongo) no es suficiente ya que las posiciones ideológicas de otro de los socios ha propiciado su salida y la consiguiente debilitación del gobierno.

Algo así podría suceder en el parlamento: un candidato en minoría, una oposición mayoritaria ( con capacidad para imponer la agenda política). ¿Es esta una situación de debilidad?. Si, siempre y cuando de las dos cuestiones que antes mencionaba sobre el apoyo a la investidura prevaleciese la segunda y no la primera.

En el caso de El Campello, el continuismo “obligado” parte, no solo de la situación minoritaria, sino de lo que desde mi punto de vista es más preocupante: la falta de iniciativa. Si no se establece una agenda, convenientemente consensuada entre los partidos en el gobierno y en la oposición , si no se es capaz de liderar, a través de propuestas de verdadero cambio, la nueva política emanada de las urnas; esa inercia continuista puede ser el trampolín para una vuelta de la derecha al gobierno, algo que desvirtuaría el mandato de las urnas, incidiendo en una profunda desmovilización del electorado progresista.

UNA OPORTUNIDAD (¿PERDIDA?) PARA EL DIALOGO.

El PSOE se ha convertido, tras el “desequilibrio” producido por los resultados del 20D en el blanco de todas las iras y en el recurso fácil para exculparse de un futuro gobierno de la derecha, volcando la responsabilidad en un partido que, pese a los malos (malísimos) resultados electorales, sigue siendo un referente para millones de votantes.

La derecha le “exige” su responsabilidad institucional, azuzando el fantasma del secesionismo, pero los ejes sobre los que buscar el posible acuerdo son, además de débiles, insustanciales: la unidad de España, la posición de España en la unión europea y la estabilidad económica. Ninguna propuesta que signifique un paso atrás en el austericidio, ninguna muestra de autocrítica pese a haber perdido las elecciones, siendo no obstante el partido con mayor número de diputados.

Por la izquierda, el emergente Podemos exige, en su lista de condiciones o “líneas rojas”, un acuerdo sobre la celebración de un referéndum en Catalunya. Y lo hace desde un convencimiento sobre el que, en principio, no cabe duda: su decisión de avanzar en la resolución de un conflicto que la derecha gobernante  ha sido incapaz de solucionar (sino incluso de afrontar más allá del frentismo españolista del que ha hecho gala desde los albores de su nacimiento como organización heredera de aquella triste triada: “una, grande y libre”).

Pero, personalmente, y sin dudar de la voluntad de Podemos de avanzar en la solución del problema catalán, considero que Podemos, pese a proponer otras cuestiones de carácter socio económico de calado, ha puesto un parapeto excesivamente alto para siquiera empezar a dialogar. Y lo ha hecho ( al margen de la voluntad constructiva de la que antes hablaba y de la que, en principio no se duda) por un cálculo electoral: Catalunya ha sido, entre otras ( Euzkadi) comunidades, su principal granero de votos.

Y, en el PSOE, siguiendo una dinámica perversa pese a mantenida en el tiempo y en la paciencia de los sufridos militantes, se “carga” contra el candidato y Secretario General, en un ejercicio más de torpeza calculada. La sensatez aconsejaba que en la primera comparecencia del candidato, se hiciese una seria autocrítica y se expresase una voluntad inequívoca de participar en un acuerdo de progreso. Por el contrario, el candidato, utiliza el “menos malo de los resultados previstos” como elemento de fuerza para anunciar que se volverá a presentar a la Secretaría General, en una huida hacia delante que tensó las ya complicadas relaciones de equilibrio interno en las que vive instalado el PSOE desde hace décadas. Esto, provoca, junto a la intención ( en el presumible caso de que la derecha no pueda sumar apoyos para formar gobierno) de abrir un dialogo para acordar un gobierno progresista, una airada reacción de los dirigentes territoriales que, en vez de propiciar un análisis sosegado, se lanzan desaforados a la defensa de la unidad de España, en un discurso excesivamente parecido al de la derecha inmovilista.

La sensatez aconsejaba que las agrupaciones locales, los y las militantes, simpatizantes e incluso votantes, fueran los que tomaran la voz y definiesen la posición ante la complicada coyuntura política. Esto, no solo hubiera dado un plus de legitimidad al Comité Federal, sino que habría abierto la puerta a parte de esas exigencias de mayor democracia que las calles expresaron y que el partido fue incapaz de escuchar convenientemente. La resolución ( legítima estatutariamente, sin duda, pero insuficiente en el nuevo escenario político en el que la ciudadanía nos ha situado ) del Comité Federal del PSOE adolece de carácter propositivo, cayendo en la misma dinámica de la que acusa a Podemos: línea roja innegociable. Y al igual que Podemos, no plantea con claridad (Podemos lo hace hábilmente a posteriori y sin haber dialogado sobre un aspecto fundamental para dar viabilidad, por ejemplo, a su Plan de Emergencia Social: la constitución del parlamento y sus órganos) las líneas socio económicas y de regeneración democrática prioritarias, algo que únicamente se debe, una vez más, a la ceguera interesada de una importante parte de sus dirigentes territoriales que se atribuyen la representación de sus federaciones, sin escuchar ( una vez más) a sus militantes y, lo que es más importante: a sus votantes.

Creo que el PSOE, pese al entierro anticipado al que quieren condenarlo sus “nuevos” rivales, tiene un papel muy importante que desempeñar como referente progresista de muchos y muchas ciudadanos y ciudadanas, pero para ello, debe abandonar el cainismo, el presidencialismo excluyente y el paupérrimo liderazgo de algunos y algunas que, sintiéndose “salvadores”, están condenando ( y en esta ocasión, seria y definitivamente) al PSOE a la irrelevancia. Esto, junto a un giro que llevase al PSOE a abstenerse y permitir nuevamente gobernar a la derecha austericida, sería la triste puntilla a una organización centenaria que, con sus claroscuros, ha sido fundamental para la construcción del estado de bienestar y libertades en el que hoy vivimos.