El gobierno
de la extrema derecha, con mayoría parlamentaria, confunde interesadamente la
legalidad con la legitimidad. La primera la tiene, la segunda, no.
Imponer
medidas de agresión a la clase trabajadora sin tener en cuenta que miles
salieron a la calle a decir NO, es cagarse en la legitimidad, pues esta recae
en el pueblo soberano y no en los representantes.
Pero la
extrema derecha sabe como hacer ver lo que es como lo que no fue: ahora acusa a
los demás de no hacer propuestas, cuando esto es MENTIRA. Los sindicatos
presentaron una iniciativa legislativa popular con una propuesta concreta. Fueron
ello en la oposición cuando dinamitaban cualquier iniciativa o propuesta desde
sus calientes escaños y desde los pulpitos de la caverna mediática. Ahora todo
lo que hacen es en “interés nacional” pero no debemos ni podemos olvidar que se
cogieron de la sotana para salir a la calle contra cualquier propuesta que
ampliara las libertades individuales, algo en lo que la extrema derecha no
cree.
No tiene la
legitimidad para legalizar el fraude fiscal. No tienen legitimidad para
recortar derechos que tanto costó alcanzar. No tienen legitimidad para, en
nombre de los intereses de los poderosos ( los suyos) sumir a la sociedad en la
miseria y la penuria. Personalmente me cago en su España, pues no es la mía, y
me avergüenzo de que los representantes parlamentarios sigan pensando que la
legitimidad y la legalidad son una misma cosa y que ya no reside en el pueblo,
sino en sus representantes omnipotentes e infalibles.
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