Uno
de los fundadores de la sociología como ciencia autónoma, Emil Durkheim, aportó
un concepto para definir la situación en la que las normas sociales pierden su
eficacia. La ausencia de objetivos compartidos y el consiguiente conflicto de
normas sitúa a la sociedad en una situación en la que el poder pierde parte de
la legitimidad colectiva que hubiera podido tener. Este concepto es la ANOMIA. En éste
contexto, personalmente me permitiría situar lo que está ocurriendo en la
corporación municipal: inexistencia de objetivos y ausencia de legitimidad más
allá de la legal/electoral. Me explico.
Como
si de un agregado social se tratase, el análisis de la corporación municipal se
podría realizar en función de variables aplicables de forma colectiva a la
totalidad de los miembros, pues en ningún momento nadie de los que en la
actualidad forman parte de la corporación ha demostrado, con efectividad y
concreción, estar en disposición de ofrecer vías o soluciones a la parálisis
política que sufre la institución municipal.
Evidentemente,
podríamos analizar ésta situación desde determinados datos, tales como: número
de mociones, número de preguntas, número de propuestas presentadas por los
distintos grupos políticos. Pero tendríamos que añadir una variable: su
aplicación efectiva y su relación directa con la vida cotidiana de la
ciudadanía. El resultado considero que está a la vista de todos y todas, por lo
que no creo necesario hacer valoración alguna.
Y,
unido al concepto de anomia, podríamos incluir el de “casta”. Y para aplicar este
concepto, tan utilizado en los últimos tiempos, tendríamos que hacerlo a partir
de: quién, qué y porqué, así como qué repercusión tiene para el que paga, o
sea, el vecino.
La
definición de casta, más allá del significado que pudiera tener el sistema de
estratificación social hindú, se refiere a ese grupo social que forma una clase
diferente y diferenciada de los demás.
Muchos
no se consideran casta, pero, ¿acaso no se percibe un salario mayor que el de
la mayoría de la sociedad o, en su caso, se suman gratificaciones al salario
que ya se percibe, lo que supone una remuneración total sustancialmente
elevada?,¿acaso no se percibe una “ayuda” económica de los presupuestos municipales
que no fiscaliza nadie, que no hay que justificar y, por consiguiente, es opaca?
¿Acaso estas condiciones no sitúan a la practica totalidad, desde un punto de
vista práctico y ético dentro del significado del término?
Evidentemente
el análisis desde la “anomia” y la “casta” no nos pueden ofrecer un escenario
más oscuro y preocupante. Y, quien asuma un discurso similar a los actuales,
debería valorar que, al no aportar nada, posiblemente reciba la indiferencia
social. Quien elabore un discurso con un contenido claramente de ruptura y
superación de la actual situación, quien esté dispuesto a poner la
administración “patas arriba” y al servicio de la ciudadanía, mucho tendrá que
ganar, aunque solo sea el hecho de despertar
algunas conciencias narcotizadas por el institucionalismo, verdadera
superestructura situada sobre la población que la sufre.
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