A propuesta del PSOE, y durante el Gobierno de José María Aznar, los partidos mayoritarios acordaron la llamada “Ley de Partidos” que pretendió dar contenido inequívocamente democratico a la participación política de los partidos en España.
Quedó, no obstante este amplio interés, por la testarudez etarra, reducido a un necesario repudio de la actividad terrorista como fórmula de acción política. Claro es que, como quiera que éstas fórmulas repugnan no a la democracia sino a la vida misma, este repudio, tantas veces reclamado, no cabe sino entenderlo como fórmula retórica para cualquier bien nacido.
De ser sólo éste su máximo recorrido, cabría llamar a la conocida Ley de Partidos de forma más clara y consistente como “Ley de Biennacidos” o “Ley antiterror” o, más retórico si cabe, “Ley antiasesinos”.
Evidentemente esta Ley no sería sino retórica y hasta se diría que redundante en cualquier sociedad humana. La Ley de Partidos, evidentemente perseguía en su génesis y persigue poner coto a la actividad de los partidos entanto que entes necesarios a la vitalidad democrática y subsumir su actividad a los parámetros que caben señalar como democráticos, esto es, respetuosos con la división de poderes y con los poderes en sí.
Desde este punto de vista, el uso indecente y bastardo de esos poderes, cuales fuera que sean, conculcaría la propia Ley de Partido y, en buena lid, conllevará a la toma en consideración por los Tribunales de Justica la aceptación o el rechazo del sistema democrático de los actos de aquellos y, en su caso, la expulsión del partido infame del juego democrático.
Si en la anterior legislatura ANV o Batasuna fueron expulsados de este juego por su adhesión o no rechazo explícito de las actividades terroristas -aún cuando muchas veces este rechazo no tenga que ser mas que de boquilla…- la Ley de Partidos ha sido benévola o ha mirado para otro lado y los Tribunales de Justicia no han entrado en su aplicación cuando otros partidos han hecho demérito real a su artículado y escupido a la cara de la democracia denunciado -sin denuncia previa en Juzgado alguno- cómo el Gobierno de la nación usa de los poderes del Estado para, supuestamente, cargar contra algún partido incurso -algunos de sus militantes- en investigación por corrupción sin cuento, cohecho o prevaricación. Y, ésto, aún cuando con su actitud den a entender que es el propio partido y no sólo alguno de sus militantes, quienes hayan podido sacar provecho y hasta se hayan financiado en prevaricación o cohecho, conculcando el apartado IV de la Ley de Partidos.
Estos días, en vez de entrar a limpiar la propia casa con expulsiones de militancia o reserva de ésta en tanto se depuran supuestas responsabilidades, el Partido Popular ha cargado contra la prensa, el Gobierno, la Policía, o los Jueces, en boca de sus más relevantes dirigentes, desde Dolores de Cospedal a Arenas y al propio Mariano Rajoy. La Ley de Partidos, de resultado tan eficiente por radical ante supuestos de apoyo tácito o no al terrorismo, queda sin aplicar en estos casos, aún cuando la proliferación de denuncias sólo ante la prensa, sin pruebas, y sin interés de pasar por Comisaría o los Tribunales de Justicia, le convierte en un ataque, no al adversario político -ya en sí mismo repugnante a la educación-, sino a la propia democracia, salvo que, quién sabe, el adversario de los populares sea la democracia.
Entre tanto, encuestas demoscópicas señalan que no ya el electorado, sino la ciudadanía, desconfía cada vez con mayor fruición de todos los políticos. Éste fue el escenario social que, con la crisis del 29 de fondo, llevó a Hitler al poder en Alemania y, acaso, la estrategia política elegida por el PP para llegar al poder.
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