La deuda pública acumulada por los
países de la Eurozona es impagable. Ha alcanzado un nivel que los
Estados no podrán pagar. Esto aplica prácticamente a todos los países,
pero muy en especial a los países antes llamados PIGS (Portugal,
Irlanda, Grecia y Spain), y ahora GIPSI (con el añadido de Italia). En
todos ellos la deuda pública está por encima de los niveles permitidos
en el Tratado de Maastrich, que estableció las condiciones que los
países debían seguir para entrar y permanecer en el euro.
Frente a esta situación deberían
hacerse dos preguntas. Una es ¿cuál es la consecuencia de que los
Estados no paguen la deuda? Y la otra, ¿debería pagarse tal deuda? En
realidad, los Estados no deberían pagar la deuda, incluso en el caso de
que pudieran hacerlo, pues esta deuda es exagerada y la cantidad de
intereses que se ha forzado a los Estados a pagar para poder conseguir
dinero, es decir, para que la banca comprara bonos públicos del Estado,
es artificialmente alta e inmoral. Y digo inmoral porque esta exigencia
de que los Estados paguen intereses altos se basa en que ha sido la
propia banca, a través de su lobby, el Banco Central Europeo, la que ha
creado la situación intolerable en la que los Estados no tenían otro
remedio para conseguir dinero que pagar tales intereses exageradamente
altos, pues el Estado no podía pedir prestado dinero del BCE (mientras
que los bancos sí que podían). Es como si una persona robara dinero a
otra y luego tuviera la osadía de prestarle el dinero robado (porque no
había dinero disponible de ninguna otra fuente) a la persona robada, a
unos intereses elevadísimos. El ladrón robaría dos veces a la persona
robada. Esto es lo que la banca ha hecho. Ha eliminado el instrumento
que los Estados tenían para protegerse de la especulación de sus bancos,
y así han conseguido intereses de los bonos altísimos (ver mi artículo
“La estafa de la deuda pública” en El Plural, 29.11.12)
Por otra parte, es importante que se
informe a la ciudadanía que los Estados pueden conseguir recursos y que
pueden conseguirlo sin necesidad de endeudarse. La negación de esta
posibilidad justifica las políticas de austeridad y los recortes de
gasto público, incluyendo el gasto público social. Ahora bien, los
Estados tienen enormes recursos que no se están tocando. Por ejemplo, si
analizamos la propiedad pública que cada uno de estos Estados tiene, la
cantidad total representa muchas veces el valor de la deuda pública. Y
éste es el filón de oro donde los acreedores, es decir, los bancos,
quieren meter mano. Tales Estados deberían resistirse a ceder a esta
demanda, pues una vez vendida tal propiedad, ya no tienen donde apoyarse
en el futuro.
Existe, sin embargo, una enorme
propiedad privada que se ha ido incrementando y concentrando durante
estos hechos de recesión, cuando las desigualdades de renta y propiedad
han crecido exponencialmente, es decir, muy rápidamente. Así, en Italia,
el país de los GIPSI que tiene mayor deuda pública (la OCDE calcula que
en 2013 será un 122% del PIB) tiene nada menos que en propiedad privada
en inversiones y tierra el 377% del PIB, en inversiones financieras el
237% de PIB, y así un largo etcétera. Stefan Bach, en un interesante
artículo, “Capital Levies – A Step Towards Improving Public Finances in
Europe”, en Social Policy Journal calcula que un incremento de un 5% de
los impuestos sobre tal propiedad privada podría conseguir el
equivalente al 15% del PIB, medida que, a la vez que contribuir a
reducir las desigualdades, disminuiría su enorme deuda pública. No se
conocen estudios semejantes en España pero es probable que las
cantidades fueran muy semejantes.
Otra área de ingresos son las rentas
originadas del capital, invertidas en actividades especulativas a
través de la banca. Incluyo en esta categoría la huída de capitales a
paraísos fiscales u otros países, distinta a los de los depositarios.
Incluso el Banco Mundial, un organismo de clara orientación
conservadora, ha documentado en todos los países de elevada deuda los
fondos depositados en el extranjero, que en cada uno de estos países
representa una cantidad mucho mayor que el tamaño de la deuda pública
(ver el libro Debt, the IMF and the World Bank. Monthly Review Press
2010, escrito por Eric Toussaint y Damien Millet).
España, uno de los países con
mayores desigualdades de la OCDE puede y debe conseguir fondos de
aquellos que se beneficiaron más de los años de bonanza. Dinero lo hay
con gran abundancia entre las grandes fortunas, las grandes empresas y
la banca (que ha recibido fondos públicos por una cantidad equivalente
nada menos que al 10% del PIB). El problema es que el Estado no los
recoge. Influenciado por las grandes fortunas, por las grandes empresas y
por la banca, el Estado prefiere endeudarse, beneficiando a la banca, a
la cual se le paga más adelante los intereses elevadísimos, con dinero
público. Un escándalo.
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