SALARIOS Y ASESORES.

Tras la celebración de la última sesión plenaria, la cuestión de los “salarios” ha pasado a ser la comidilla de una parte de la ciudadanía. Los argumentos que cada cual expuso en el Pleno tiene, por supuesto, legitimidad, pero deberían ser analizados detenidamente porque expresan, en sí mismo, no solo una serie de contradicciones, sino una posición tácita por parte de cada uno de los actores implicados en la nueva legislatura.

Por un lado, se observa un discurso demagógico por parte de la derecha que perdió el poder. Discurso apoyado, con la coincidencia de voto, del nuevo grupo de Ciudadanos, el cual expresó una posición que, lejos de suponer una novedad, significada una obviedad ( la división a partes iguales del presupuesto ) sin que los criterios que defendía como novedosos estuviesen claros.. El argumento del pp, sobre que la “carga” de la rebaja la soporta la oposición se sustenta, únicamente en el número de miembros del gobierno plural y el número de componentes de la “oposición”, pues respecto a las cantidades no es así, y la cifra de remuneraciones de 2014 y la actual así la demuestran.

La posición del grupo Socialista, pese a apoyar las retribuciones, planteó un argumento basado en el concepto “responsabilidad”, aunque, en mi opinión, se basa en una mera cuestión de estatus,  cuestión que no es novedosa, pues la conclusión del proceso de negociación estuvo marcada igualmente por una cuestión de estatus, cuestión que propició que el grupo socialista no entrase en el gobierno plural.

La cuestión de las remuneraciones se “salvó” gracias al apoyo del grupo socialista, pero existen demasiadas contradicciones que algunos de los miembros del nuevo gobierno deben explicar a sus votantes.

Pero, en mi opinión, hay cuestiones que son, en principio, más preocupantes para la cristalización y consolidación de ese proyecto de cambio que muchos deseamos. Una de ellas es la cuestión “pendiente” del denominado personal de confianza.

Algunos de las organizaciones que hoy componen el gobierno plural, se afanan en explicar lo que antes criticaban vehementemente. Y los argumentos, siendo contradictorios, entrañan una verdad: los cargos públicos no tienen , ni deben tener conocimientos específicos: los cargos políticos deben tener, un programa y las ideas claras sobre los objetivos políticos que se persiguen. Otro de los argumentos es el nulo asesoramiento que los funcionarios y funcionarias públicas han realizado o pueden realizar. Esta justificación no se sustenta, ni en hechos ni en datos, pues el trabajador municipal no ha podido asesorar dada la red clientelar que el pp había construido a lo largo de más de dos décadas, premiando el seguidismo y la complacencia a la profesionalidad.

Dicho esto, considero que, si existe una necesidad de mayor asesoramiento técnico, la administración local tiene una amplia plantilla donde buscarlo, y no siendo así, dispone de una red de instituciones en las que apoyarse para dilucidar, en su caso, la legalidad de las políticas y programas. Y ahondando más si cabe: si fuese necesario un asesoramiento, éste tendría un costo económico elevado pues a nadie le cabe en la cabeza que un asesor profesional y experimentado en un campo determinado pueda cobrar como un auxiliar administrativo.

La figura, controvertida, del personal de confianza, se ha basado en la necesidad de los partidos políticos en reforzar sus propias estructuras, así como la de dar cabida institucional a personas por interés partidario. Los “asesores” han sido, o meros auxiliares administrativos, o comisarios políticos, o militantes complacientes “merecedores” de algún tipo de premio o reconocimiento.

No obstante, considero que contar con otras opiniones, en primer lugar supone una delegación de poder, que bien podría recaer, o en personal público o en militantes que, de forma altruista prestasen colaboración o consejo a sus organizaciones. Igualmente, existe una vía no explorada que es la creación de becas remuneradas destinadas a estudiantes de diferentes especialidades, formados pero sin experiencia laboral, pero deseosos de poner en practica sus conocimientos y, porque no, de colaborar en el desarrollo de nuevas políticas más acordes con las demandas y necesidades de una sociedad cada día más desigual.  Pero para aplicar, por ejemplo la primera vía, se precisaría, tanto un compromiso como una actitud humilde del cargo público respecto a sus propios compañeros, sin que los y las que opinen sean vistos, ni como adversarios, ni como entrometidos: el concejal o la concejal, no debe saber de todo, pero tampoco puede tener el conocimiento universal  (un  estatus “adquirido” que debería ser superado)que parece dotar a los cargos públicos una vez tomada posesión.