| Martín Pallín es conocido por su compromiso con la justicia. Habla abiertamente de lo que parece un tabú, el modelo de Estado, y exige una reparación a las víctimas del Franquismo. |
DIAGONAL: A más de 30 años de la aprobación de la Constitución, ¿cree que se debe reformar?
JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN: Por razones de incumplimiento yo no tocaría ningún artículo. Por razones de actualización, sí. Se hizo una Constitución saliendo de 40 años de dictadura. Muy pocos países han sufrido este fenómeno. Ni Alemania ni Italia tardaron tanto tiempo en vencer a Hitler y Mussolini, con ayuda extranjera, claro está. Tardamos 40 años en derrotar al Franquismo y aún sigue intacto. Me preocupa que el Franquismo esté tan arraigado en muchas capas de la sociedad. En la Constitución hay que cambiar aquellas cosas que no se pudieron cambiar entonces, por ejemplo la forma de Gobierno. La monarquía ha ejercido su papel. No propugno su derrocamiento, sino suscitar un debate. También hay que reestructurar el caos que se produjo con las autonomías, el famoso café para todos. Estamos ante un Estado federal pero no constitucionalmente federal.
D.: ¿Qué supuso la Ley de Amnistía?
J.A.M.P.: Se utilizó como una operación quirúrgica para romper con el pasado, pero muchas veces las operaciones supuran. En abril de 1977 se firman los tratados internacionales sobre derechos civiles. La Ley de Amnistía, de octubre de 1977, emplea una terminología insólita en el marco del derecho internacional. Habla de ‘delitos de intencionalidad política’. Ese concepto no existe. Mientras, el artículo 10 de la Constitución se refiere a los tratados internacionales firmados por España y ninguno habla de delitos de intencionalidad política. Son crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. La amnistía fue una vergonzante transacción, que no una transición, con las fuerzas de la dictadura que querían un cheque en blanco. Eso no ha pasado en ningún país. Nos hemos convertido en los adalides de la jurisdicción universal: Pinochet, Scilingo, Guatemala, etc., y cuando los jueces viajamos a Latinoamérica tenemos que recibir el mismo reproche: “Ustedes tanto presumir de jurisdicción universal y su país ha vulnerado completamente lo que predican”. Otros van más allá: “¿Es que se creen ustedes que son los colonialistas de estos países?”.
D.: Hemos asistido a un recorte de la jurisdicción internacional en el Estado español, ¿le preocupa?
J.A.M.P.: Sí. Ha habido un recorte. Una vuelta a la extraterritorialidad de la ley penal, eso es del siglo XIX. La Jurisdicción Internacional había dicho con sencillez, al darnos la razón en el caso de Guatemala, que “o es universal o no es universal”. Eso vale para todos los casos y lugares. Las Cortes son soberanas y ellos sabrán. Pienso que detrás se esconden intereses económicos, no sólo en Palestina, también en China con las multinacionales que hay implantadas allí.
D.: ¿Por qué cuando Garzón intenta investigar el Franquismo es acusado de prevaricación?
J.A.M.P.: Es una patología alarmante. El caso de Garzón está en mi sala, y se están aplicando conceptos ya superados como la prescripción o la amnistía española, al margen del Pacto Internacional de Derechos Civiles, que España ha incumplido de forma clamorosa. Los jueces españoles, nos guste más o menos, tenemos que aplicar los tratados internacionales por imperativo legal.
D.: Hay denuncias sobre el robo de niños en el Franquismo a madres con y sin filiación política. De estos últimos se ha hablado menos pero, ¿deben ser juzgados los culpables?
J.A.M.P.:Sí, claro. Es un tema delicado, tiene muchas aristas. Es un crimen que se persiguió en Argentina y que se debe restituir. Había que ‘redimir a esos niños’, llevarles al ‘redil’. Las teorías de Vallejo Nájera están ahí escritas mal que les pese a algunos. Arrebatar los niños en su momento histórico fue un crimen contra la humanidad.
D.: ¿Cómo es posible que tras 70 años miles de personas sigan en las cunetas y gran parte de la judicatura se niegue a recuperar los cuerpos?
J.A.M.P.: Alemania declaró la nulidad absoluta de las leyes y los juicios nazis. Aquí familiares de víctimas han pedido la nulidad por la vía de la revisión de los consejos de guerra franquistas. La respuesta de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo ha sido desestimar la revisión con un argumento que viene a decir que no se observa ninguna ilegalidad, porque se aplicó la ley vigente. La legalidad franquista. Si a un juez alemán se le ocurre hoy no anular un juicio porque la legalidad vigente era la nazi, lo echan de la carrera y tiene problemas penales.
D.: ¿Es usted un magistrado raro?
J.A.M.P.: Sí. Cada vez más, tengo la sensación de serlo. Bueno, hay mucha gente en la misma línea.
"El derecho penal debe luchar contra el cambio climático”
D.: Siempre se ha mostrado preocupado por el medio ambiente, ¿Por qué?
J.A.M.P.: Los delitos contra el medio ambiente se han convertido en una forma de delincuencia. Unos producen un daño directo e inmediato, otros a largo plazo. La preocupación por reprimirlos de forma penal surge a partir de la catástrofe de Bhopal (India), que causó 30.000 muertos. Después, Chernóbil, un crimen como el de la bomba atómica. También hay conductas menos espectaculares que día a día dañan el medio ambiente. Por eso, es necesario utilizar el derecho penal para luchar contra el cambio climático: emisión de gases contaminantes a la atmósfera, a los acuíferos; el urbanismo desenfrenado.
D.: ¿Quienes son los verdaderos piratas de la pesca?
J.A.M.P.: Desde el punto de vista medioambiental se están esquilmando los caladeros, pero este debate no justifica asaltar un barco. La pesca no se ha tratado suficientemente ni en la UE ni en la ONU. Además, hay otros factores, como la sobreexplotación, el depósito de sustancias radioactivas en las costas de Somalia, etc.
D.: ¿Se podría aprovechar la crisis para repensar el modelo de sociedad?
J.A.M.P.: En el urbanístico es incuestionable. Muchos pueblos se han convertido en algo parecido a un monumento funerario. Las casas están vacías y llenas de rejas.
La ocupación de primeras líneas de playa con edificios de ocho y nueve plantas ha sido un disparate. Se debe pagar penal y económicamente. La crisis demuestra que este ritmo insaciable ya no se puede seguir. Sería el momento de hacer una deconstruccion sostenible. Pero en este país no pasa nada, no se derriba ningún edifico, salvo que sean casas de pescadores.
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