Nombres muy conocidos por todos y por todas. Unos,
porque, pese a la amnistía promulgada en la transición, han sido conocidos
gracias al ejercicio de la justicia universal ( de la que España, “gracias” al
actual gobierno, ha renegado, convirtiendo nuestro país en un verdadero paraíso
para los delincuentes internacionales), otros, porque se preocuparon por
aplicar la justicia en casos flagrantes de delito y el último, por ser la cara
más visible del saqueo bancario producido en España con el beneplacito del
Estado.
El caso de los torturadores franquistas es sangrante,
por estar “protegidos” por las estructuras que presuntamente tienen que velar
por el Estado de derecho. El caso de los jueces, por ser ese mismo Estado de
derecho quien les ha condenado, en un ejercicio de hipocresía judicial basada más
en la venganza que en la aplicación de la ley, y en el último, y pese a las
pruebas, no solo de ser el presunto cerebro del saqueo de Caja Madrid, pese a
las pruebas de ser uno de los protegidos de la estructura presuntamente
delictiva de la derecha política, pese a ser un presunto corruptor, la justicia
se presenta laxa y consentidora.
En mi opinión, creo que no extraditar a los
torturadores tardofranquistas reabre dramáticamente las heridas de aquellos que
fueron sus victimas y, lo que es más grave, penaliza a todas las victimas de la
dictadura, que lo fueron, a manos del Estado Español que, ahora protege a los
torturadores y que, por sistema, impide que los asesinados por el
franquismo/fascismo sean buscados y enterrados con dignidad. La herida sigue
abierta, y lo sigue, no porque los que enarbolamos la tricolor queramos reabrir
heridas, sino porque las heridas, no siendo cerradas, aparentemente son
aderezadas con sal para que sigan doliendo. El Estado es responsable, pues los
torturadores fueron el brazo ejecutor de un sistema que tenía como objetivo
someter y aniquilar a los discrepantes a través del terror. Y como responsable,
y con el objetivo de culminar definitivamente la superación ( más allá de la
mera transición) del franquismo/fascismo tiene la obligación de compensar
convenientemente ( nunca suficientemente) a las victimas de un régimen que
sigue “gozando” de un prestigio vergonzante.
Habrán ciudadanos y ciudadanas que, desde la distancia
en el tiempo, consideren que no es oportuno, ni juzgar a los torturadores, ni
devolver la dignidad a las victimas, pero esto forma parte de la perversa
transmisión cultural a la que el franquismo transformista nos sometió, convirtiendo
la historia en una mera anécdota, siempre en beneficio de los poderes que
mantuvieron, sustentaron y se aprovecharon del terror fascista.
El caso de los jueces “laminados” por el Estado de
Derecho es la penúltima prueba de que el sistema de justicia hace agua y que
debe ser reformado, pero la paradoja es que debería serlo por los mismos que le
dan fortalece y lo sustentan por interés. Esto es otra de las cuestiones que
debe ser reformada con urgencia, pues nos coloca casi al borde de la “república
bananera”.
Y termino. El tal Blesa y otros banqueros que han ido
pasando desde sillones ministeriales a las enmoquetadas salas de diferentes
consejos de administración , deben ser juzgados por sus delitos económicos (
para algunas familias humildes, no ya delitos, sino crímenes) demostrando que
el Estado de Derecho lo es, para todos, sin que primen razones de estatus económico
o relaciones políticas.
Y, ¿qué pasará con el juez Ruz, que está apuntando a
que el partido del Gobierno se nutrió y financió con fondos ilegales?, ¿será
laminado, o el sistema democrático español actuará con contundencia, aplicando la Ley como a cualquier ciudadano
que lo hubiera hecho?
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