El eurodiputado del PP Luis Herrero, quien fue invitado a Venezuela por la oposición para participar como observador internacional en el referéndum que se celebró el 15 de febrero para decidir si se enmienda o no la Constitución, fue expulsado del país después de unas declaraciones ante distintos medios de comunicación en las que criticó la “transparencia” y talante “democrático” de las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de la organización del referéndum, y llegando a llamar “dictador” al Presidente de Chávez. Si Herrero hubiera realizado declaraciones similares en España, sabría que estaría enfrentando una querella judicial por "expresiones vejatorias, humillantes y atentatorias contra la dignidad y el honor" del jefe de Estado y hasta la posibilidad de una pena de cárcel.
Tibisay Lucena, presidenta del CNE (un Poder Público independiente en Venezuela que vela por el correcto desarrollo de las elecciones y referendos) se limitó a ordenar al Ejecutivo la expulsión del eurodiputado por incumplir la normativa del ente rector. Tras el show de Herrero, que continuaría cuando calificó de “secuestro” la manera en que se le traslado hasta el aeropuerto, los medios de comunicación nacionales e internacionales pusieron toda su maquinaria en funcionamiento para dar a conocer el hecho, aunque siempre poniendo el énfasis en la expulsión del eurodiputado y no en sus terribles declaraciones.
Luis Herrero era perfectamente consciente de lo que hacía, pues todo eurodiputado conoce, el Código de Conducta para los observadores internacionales de la Unión Europea, regulado por la Decisión 9262/98 del Consejo Europeo entre cuyas directrices se establece:
- “los observadores mantendrán una estricta imparcialidad en la ejecución de su cometido y en ningún momento manifestarán sus inclinaciones o preferencias respecto de las autoridades, partidos o candidatos nacionales o de cualquier cuestión debatida en el proceso electoral”;
- “los observadores se abstendrán de hacer comentarios personales o prematuros, basados en sus propias observaciones, a los medios de comunicación o a cualquier persona interesada”;
- “los observadores deberán ajustarse a todas las leyes y reglamentos nacionales”;
- “durante todo el tiempo que dure la misión, incluido el tiempo transcurrido fuera del trabajo, los observadores de las elecciones deberán comportarse de manera irreprochable, emitir juicios sensatos y guardar la mayor discreción personal posible”.
Finalmente el propio Código de Conducta estable que “la violación del código de conducta conlleva la inmediata repatriación a su país”. Así se lo recordaba al eurodiputado del PP la secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano, quien ayer decía que “los observadores internacionales no pueden intervenir durante un proceso electoral”.
Por lo que deducimos que Luis Herrero, quien ahora alega que no era un observador internacional sino un invitado de la oposición y por tanto podía opinar lo que quisiera, simplemente buscaba con sus declaraciones fuera de tono que se le echara de Venezuela en un momento crucial para la vida democrática del país y así dejar constancia de que el Gobierno bolivariano reprime las libertades públicas. Una jugada más desde el exterior en la estrategia de todo vale contra Chávez.
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