EL CAMPELLO
El TSJ ratifica que el PP vulneró la ley al vender suelo de VPO para pagar la piscina
La sentencia desestima el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento contra un fallo que ya le daba la razón a la oposición
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Un cartel indica los terrenos en los que se tenían que construir 47 VPO J.A.R.
El TSJ confirma que la operación era ilegal puesto que el dinero debía invertirse en la compra de más suelo para ampliar el patrimonio municipal y no a la construcción de la piscina.
Los hechos se remontan a lo acordado en un pleno celebrado el 29 de marzo de 2007. En él se aprobó la enajenación, mediante subasta pública, de la parcela municipal que le correspondía al Ayuntamiento en el plan parcial Sup-6. Tras este pleno el PSOE, el Bloc y EU, que votaron en contra de la venta, llevaron el caso a los tribunales. En esa parcela, ubicada junto a la avenida Ausias March, debían levantarse 47 VPO en virtud del 10% de aprovechamiento urbanístico que le pertenece por Ley al Ayuntamiento en todo el plan parcial.
Anticipándose a que el fallo del TSJ fuera el que finalmente se ha producido, el Ayuntamiento aprobó la petición de un crédito de 4,4 millones de euros para tener una vía de financiación y seguir adelante con la tramitación de la piscina. En un pleno celebrado el pasado mes de julio, el PP aprobó la adjudicación del proyecto de la piscina cubierta a la unión temporal de dos empresas Adip S.L. y Fidalaser S.L..
De los 4,4 millones solicitados sólo utilizará 1,8. La infraestructura se construirá entre el Ayuntamiento y el Centro Social y según expusieron los populares en aquella sesión tras el cambio en el sistema de financiación ya no había dudas sobre cómo se iba a costear el proyecto. Sin embargo, la oposición sigue manteniendo que es necesario dar más explicaciones.
PSOE, EU y Bloc piden que se aclare el alcance del fallo
Los portavoces de los tres grupos de la oposición de El Campello -PSOE, EU y Bloc-, Pepe Varó, Erundina Gutiérrez y Antoni Calvo, respectivamente, han pedido al secretario municipal que elabore un informe jurídico para aclarar "las consecuencias legales y el alcance de la sentencia" del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Los responsables de PSOE, EU y Bloc formalizaron ayer su petición por escrito en el registro del Ayuntamiento y confiaron en que el secretario se pronuncie "a la mayor brevedad posible". El objetivo de los tres grupos es que el Consistorio aclare cómo queda la situación tras el fallo del alto tribunal y que el PP "se pronuncie".
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