LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD.

La legalidad institucional ampara las agresiones de la derecha gobernante. Estas agresiones son definidas por ellos y sus plataformas informativas ( medios creadores de opinión, que no medios de información) como medidas necesarias ante la “herencia recibida” (manido argumento, aunque poco creíble, que utiliza la derecha para justificar su ataque al tímido y escaso estado de bienestar). Otro de los argumentos o justificaciones ( más argumento) es la legitimidad del gobierno por  el apoyo recibido en las urnas, entendiendo y reduciendo la democracia a un acto de delegación sin posibilidad de revisión ni control a lo largo del mandato legal.

Volviendo a la legitimidad, creo necesario decir que, si no contamos con casi el 40% de abstención, la legalidad del 43% obtenido no es dudosa, pero si incluimos esa abstención, y a ella le sumamos los votos en blanco y nulos, la legitimidad es más que cuestionable. No obstante, sea el 43% o sea el 30% ( porcentaje en función del total de ciudadanos y ciudadanas con derecho a voto, emitido o no, en función de la libertad individual de ejercer ese derecho, pero que vive y sufre) la pregunta es, en mi opinión, clara: ¿puede un 43% imponer sus criterios y políticas al 67% restante?. La respuesta, en el marco legal de nuestro sistema electoral es claro: si, puede.

Resulta, a la vista de los datos, que el sistema electoral español es claramente injusto, no ya con las minorías, sino con todo aquel que no consiga gobernar en mayoría. Una necesidad urgente, en beneficio de la legitimidad es modificar el sistema electoral para impedir, por ejemplo, la posibilidad de mayorías absolutas, algo que indudablemente beneficiará a la mayoría de la sociedad ( por no hablar de avanzar hacia un sistema más plural que permitiese la presencia en las instituciones de un número mayor de organizaciones políticas y ciudadanas).

Otro aspecto que debería introducirse en la legislación electoral ( siempre desde mi opinión), es el control periódico de la ciudadanía. Evidentemente para ello, es preciso que el escenario de elección se modificase, introduciendo, por un lado, el contrato social electoral concretado en el programa electoral, y por otro, las listas abiertas para identificar la responsabilidad directa del mandatado respecto a la ciudadanía que le mandata. Paralelamente y unido a éste último aspecto se debería introducir la revocabilidad de los cargos públicos ( en la Ley Orgánica de Libertad Sindical ya se establece la revocabilidad de los delegados electos), algo que, con la construcción legal necesaria ( para impedir ajustes de cuentas), propiciaría un verdadero compromiso entre la ciudadanía y sus mandatados.

Evidentemente, uno empieza cuestionando la legitimidad de la toma de decisiones y acaba en la necesidad de reformar nuestro marco electoral como una medida urgente. El desapego de la ciudadanía, además de por haberse constituido los partidos en verdaderos sindicatos de cargos públicos, creando una superestructura por encima de la ciudadanía, por la corrupción y por otras cuestiones, debe buscarse en la ausencia de identificación del ciudadano con sus mandatados a los que, ni puede controlar, ni puede modificar su estatus pese a los incumplimientos de los compromisos electorales. Y el resultado del desapego, en un marco de ausencia de ideologías claras es un terreno abonado para la extrema derecha y los movimientos neofascistas, algo que a los partidos políticos herederos directos de ideas de justicia social e igualdad como base de la libertad, tendría que provocarles una seria y urgente reflexión, más allá de los intereses coyunturales que les condicionan y supeditan a comparsas del sistema al que en origen deseaban transformar.