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EL HERMANO PEQUEÑO DE RECUPERANDO IDEAS.

martes, 27 de marzo de 2012

La red valenciana de servicios sociales es la peor calificada de toda España Un estudio del sector asegura que es la segunda autonomía que menos dinero destina por habitante

EFE MADRID/VALENCIA
La Comunitat Valenciana es la autonomía con peor índice de desarrollo de sus servicios sociales, con una nota de 0,80 sobre diez puntos, y la segunda -sólo superada por Baleares- que menos dinero destina por habitante al año para esas prestaciones, con 129 euros. Ésta es una de las conclusiones de una evaluación realizada por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, según la cual los servicios sociales tienen un nivel de desarrollo débil, existe una disparidad de esfuerzos y coberturas entre las regiones -desde 773 euros de gasto por habitante y año a 120 euros-, y las comunidades más endeudadas no tienen mejores prestaciones.
El estudio, conocido ayer, concluye que la Comunitat Valenciana "se encuentra en el lugar más atrasado en materia de servicios sociales de toda España, que es como decir en el lugar más atrasado de Europa" en "prácticamente todos los indicadores de cobertura", lo que deja en situación de "desventaja" a sus ciudadanos.
La Comunitat Valenciana, según el informe, no alcanza la excelencia en ninguno de los aspectos analizados, y así en el caso de los derechos y la decisión política, no obtiene ninguno de los puntos posibles, ya que considera que carece de un marco normativo que garantice derechos ciudadanos en esta materia.
Cita el caso de la ley de Dependencia y critica que se carezca de un catálogo que concrete estos derechos así como que no se haya sido capaz de "integrar eficazmente" la protección de este colectivo en el Sistema de Servicios Sociales. En cuanto al esfuerzo económico, se destaca que la situación valenciana es "claramente deficiente", con un gasto por habitante en materia de servicios sociales de 129,6 euros, menos de la mitad de la media estatal, que está en 280 euros, y con un porcentaje sobre el total del gasto que se queda en el 4,28 %, frente al 6,93 % del conjunto de España.
En materia de cobertura, la Comunitat Valenciana obtiene 0,6 de los 5 puntos posibles, y sólo destaca positivamente en acogimientos familiares de menores, donde tiene un porcentaje del 71,4 %, por encima del 63,5 % estatal.

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NO FEU VAGA? CARTA D’UNA MARE AL CLAUSTRE

BETXÍ, 26 DE MARÇ DE 2012
Hola a tots:
M’adrece a vosaltres per  tal de fer unes reflexions en concret a les mestres dels meus fills i en general a tot el món educatiu.
Quan em va aplegar a casa una fulla explicativa amb les mesures que els mestres de Betxí anaven a prendre per les retallades, em va semblar molt coherent i molt encertat per tal de pressionar a tots els sectors i es prenguera consciència que l’educació pública es cosa de tots.
En este cas em vaig alegrar al vore que tot el món educatiu, per primera volta, estava unit i havien decidit fer iniciatives conjuntes. Per primera vegada els mestres dels nostres fills es menejaven en massa. Però per lo vist, ha durat poc.
Està clar que alguns demanen la solidaritat dels pares tan sols quan els afecta a ells.
Tota la família vam anar a les manis de València, Castelló,… perquè ens ho creem, perquè volem una escola pública, perquè sé que els mestres dels nostres fills no són uns malfaeners.
Ara ens toca a nosaltres, als treballadors de les empreses privades. Les retallades igualment m’indignen, i ho manifeste i em cabrege. El que ja em costa un poc més de digerir es que eixos mestres que tan volien la solidaritat de tots els pares, on estan ara? O és que quan tornen a retallar-los mes drets ens tornaran a convocar? O és que creuen que la reforma laboral no afecta als seus fills, al seu home o dona, al seu germà, amic o veí?
Tots eixos mestres que han demanat la solidaritat dels pares i l’han tinguda, si no mostren recolzament a la vaga, amb quina cara tornaran a demanar solidaritat quan ells no l’han tinguda?
També tinc que recordar-vos que els que treballem al sector privat fent la vaga, arrisquem molt més que vosaltres.
No és que una vaga d’un dia ho solucione tot, jo personalment aniria més enllà, però resulta que s’ha decidit així i donaré suport a això.
Si no hi ha unió no tenim res a fer. Teniu en compte que vos jugueu el prestigi i la credibilitat del vostre sector, el sector públic. Vos anime a que us sumeu pel be de tots.
Moltes gràcies per dedicar-me una estoneta.
Ana Martínez i Franch
(mare de dos xiquets de 6 i 8 anys)

domingo, 25 de marzo de 2012

ANDALUCIA.

Las elecciones andaluzas le han dicho a la extrema derecha gobernante que no, que en Andalucía no. El ínclito Arenas se ha vuelto a encontrar con su reflejo en el fracaso de un proyecto que, pese al "interés nacional" no cala en una comunidad con un paro superior a la media del Estado, pero con un repunte de dignidad. y lo de la dignidad, no por la "dulce" derrota, sino por el incremento de la izquierda alternativa que ha pasado de seis a doce representantes. Los análisis van a sucederse, pero algo creo que hay que decir de quienes tiene en su mano que la extrema derecha no ocupe el gobierno andaluz: Izquierda Unida. El discurso de rebeldía debe estar acompañado de una reflexión sobre el papel que ésta organización quiere jugar en el espectro político institucional. Si quiere emular a los que tanto critica o quiere abrir una nueva etapa donde la unidad sea una realidad. Pero la unidad de tu a tu, sin tutelas, sin prepotencias, pues de lo contrario, el talante de rebeldía se quedaría en una mera declaración electoral, algo que la izquierda alternativa no puede permitirse si realmente el objetivo de transformar la sociedad es real. Los señoritos de chaqueta de pana y pelo engominado pueden seguir gobernando Andalucía, pero Izquierda Unida debe propiciar un cambio, una transformación que deje atrás y supere las más de tres década de caciquismo de pseudo izquierda. Ahora es el momento de hacer realidad las propuestas. Ahora es el momento de aplicar los programas y forzar los cambios que devuelvan a la política la dignidad que los partidos del sistema han suprimido eficazmente en beneficio de sus intereses. Izquierda Unida debe gestionar el resultado abriendo las puertas a esa otra izquierda que representa un sentimiento claro de revolución. Y debe abrirse desde la humildad que confiere la responsabilidad. Sin aplicar la teoría de la casa común, ni del "hermano mayor". Debatiendo, reflexionando y acordando en pos de esa revolución que, ahora sí, puede concretarse desde una estrategia de rebeldía ante un sistema que queremos sustituir por otro más justo, humano y solidario: el socialismo.

Esto sólo será el principio from Anticapitalistas on Vimeo.

lunes, 19 de marzo de 2012

¡Hay que movilizarse hasta acabar con la Reforma Laboral! ¡Que no se malgaste esta vez nuestro esfuerzo!

Declaración de Izquierda Anticapitalista JPEG - 504.4 KB El próximo 29 de Marzo, Jueves, los sindicatos nacionalistas de Galiza y Euskadi, y los sindicatos UGT y CCOO convocan a la Huelga General contra la reforma laboral y a favor de los servicios públicos. El gobierno del Partido Popular, secundado por CiU, e incluso alentado para ir más allá por UPyD, pretende imponer la mayor agresión laboral que se recuerda en mucho tiempo. Con ella se busca pulverizar el modelo relaciones laborales vigente hasta ahora y hacerlo semejante al desregulado ya existente en el ámbito anglosajón. Se trata de una guerra social declarada que atenta contra los derechos fundamentales del mundo del trabajo y contra los instrumentos básicos de defensa de los mismos. Frente a aquellos que plantean una Huelga General con un mero propósito electoral (para influir en las elecciones andaluza y asturiana) creemos que hay que mirar con más perspectiva, teniendo como objetivo un cambio radical de política, que sea favorable a la clase trabajadora. Frente a aquellos que durante tiempo han hecho dejación de su iniciativa y responsabilidad, para sólo moverse ahora arrastrados por las circunstancias, limitando su horizonte a la convocatoria de un día y buscando en lo inmediato pactos imposibles, hay que decir que es preciso dar continuidad y profundidad a la lucha que se inicia. La Huelga General ni es un fin en sí mismo, ni es el final del camino. Justo lo contrario, ha de ser el inicio de una larga y dura batalla que se ha de mantener hasta derribar esta reforma laboral y que ha de tener el propósito de desautorizar al gobierno tanto en su política de eliminación de los derechos sociales y de deterioro y privatización de los servicios públicos; como en la de rescate al sector bancario, secundando la política orquestada por la burguesía europea en toda la UE. Debemos hacer públicas de la manera más amplia posible las razones que justifican la lucha contra esta histórica agresión, y preparar las condiciones para levantar alternativas en ruptura con las políticas de ajuste. La HG debe ser un éxito, golpeando donde más les duele, parando la producción y alterando de manera muy visible la normalidad cotidiana. Ésta no ha de ser una Huelga de “aquí no pasa nada, mañana será otro día”. Hay que darles entender que “aquí está pasando mucho” y que el “día después” de la Huelga va a ser distinto, porque habrán perdido una parte de su poder y de su legitimidad. La HG es fundamental para poner en jaque la involución conservadora del sindicalismo mayoritario, cuestionar a sus pasivas y desorientadas direcciones y empujar a sus estructuras a ponerse al servicio del movimiento obrero, acabando así con un sindicalismo que sólo persigue salvar a su aparato. Debe ser un buen momento para constituir y asentar comités de apoyo, asambleas y grupos que se organicen para preparar las barricadas de la lucha: en la calle, contra el gobierno y la patronal y en los sindicatos, para desalojar a las direcciones no consecuentes con esta línea de combate. Para que esta HG no sea la mera antesala de cualquier fantasmagórica negociación, hay que reclamar que se vaya definiendo ya, para después de ella, un calendario de combate que impulse movilizaciones sostenidas en el tiempo, que se concentren en los sectores estratégicos y que de forma rotatoria paren los sectores de transporte, energéticos, de comunicaciones, industriales, etc... La HG ha de ser un inicio, y como tal ha de ser presentada, ya que de esa forma se estimulará mucho más la participación de la clase trabajadora y se eliminarán justificadas desconfianzas sobre futuros y frustrantes pactos, como el producido tras la HG del 29-S. Si esta batalla que hay que mantener ahora no se libra de manera consecuente, cada vez será más difícil defenderse y nuestros derechos desparecerán. ¡Organicemos pues la lucha y pongamos fin a una Reforma Laboral que sólo sirve a los banqueros, grandes empresarios y políticos corruptos!. Esta Huelga General del 29M, que Izquierda Anticapitalista impulsará con vocación unitaria con todas sus fuerzas... ¡¡Será sólo el principio!! ¡¡A la Huelga General!! ¡¡Movilización hasta acabar con la Reforma Laboral!! ¡¡Asambleas y comités de lucha en los centros de trabajo y en las fábricas!! ¡¡Qué no se malgaste esta vez nuestro esfuerzo!!

Los apoyos sociales a la huelga general del 29-M

Antonio Antón Rebelión Las direcciones confederales de CCOO y UGT han convocado una huelga general para el día 29 de marzo contra la reforma laboral del Gobierno del PP y su política de recortes sociales. Es una norma que facilita y abarata el despido, empeora las condiciones laborales y precariza el empleo; no crea empleo y prolonga la crisis; perjudica a la mayoría de la sociedad y desequilibra las relaciones laborales con un fuerte incremento del poder empresarial. Junto con las medidas de restricción del gasto público y el recorte de prestaciones y servicios públicos, trata de imponer una fuerte regresión en los derechos sociolaborales y consolidar unas condiciones de vida y empleo precarias para la mayoría y, especialmente, para los sectores más vulnerables. La amplitud y la profundidad de esa política regresiva liberal-conservadora, su pretensión de generalización y persistencia, en una situación de agravamiento del desempleo y las consecuencias sociales de la crisis económica, exigen una respuesta social masiva y contundente. Es preciso un amplio respaldo popular, una firme participación ciudadana. Se trata de una acción de reafirmación democrática. Hay que poner un freno consistente a estas medidas antisociales para forzar su cambio. Al descontento social por esta situación socioeconómica y de empleo, se añade el desacuerdo ciudadano con esta reforma laboral. Según encuestas de opinión (ver Barómetro de marzo de Metroscopia, El País, 4 de marzo de 2012), casi dos tercios (62%) de la población desaprueba la reforma laboral del Gobierno, porcentaje mucho más amplio entre los votantes del PSOE (91%); hay que destacar que incluso el 28% de los votantes del PP también la desaprueba. Por otro lado, la consideran adecuada sólo el 24% de la población (el 47% de los votantes del PP), mientras el 74% creen que no va a ayudar a crear empleo y el 61% que responde a presiones externas. El Gobierno del PP, a pesar de su reciente victoria electoral, tiene un grave problema de legitimidad para imponer su agresiva reforma laboral. No calan sus argumentos de que son reformas equitativas y medios imprescindibles para la creación de empleo. Perjudica a las capas trabajadoras y desfavorecidas, y la gente desconfía, con razón, que esos sacrificios sean el camino para eliminar el paro y crear puestos de trabajo. Por tanto, en un primer aspecto, el grado de desacuerdo con esa medida, la mayoría ciudadana está con la posición de los sindicatos y en contra de la decisión gubernamental (y la mayoría parlamentaria). Ello ofrece una gran legitimidad social a los objetivos de la huelga general: retirar esta reforma laboral. En el segundo aspecto, el tipo de respuesta ciudadana conveniente ante esta agresión, la posición de la población también es ambivalente, pero de signo distinto. Según la citada encuesta sólo el 28% del conjunto de la población justificaría una huelga general que forzará al Gobierno a cambiarla y suavizarla (8% entre los votantes del PP, y 45% entre los del PSOE -y se supone que todavía mayor entre los votantes del resto de la izquierda-). En sentido contrario, el 67% de la población (90% entre los votantes del PP y 50% entre los del PSOE) expresa que una huelga general no serviría de nada y podría empeorar aún más la situación económica. El argumento del Presidente Rajoy de que ‘no va a servir de nada’ y se va a aplicar toda la reforma tiene credibilidad, incluso entre la mitad de la actual base electoral PSOE, y es un motivo poderoso que utiliza la derecha para desactivarla. Esta sería la peor de las hipótesis. No obstante, se pueden hacer diversas matizaciones. Primera, que la encuesta refleja la opinión del total de la sociedad (incluyendo empresarios, autónomos y capas directivas, así como personas inactivas); no hay datos desagregados, pero si se comparan con la situación similar del 29-S, el porcentaje de justificación entre la población asalariada aumentaría varios puntos más respecto de la media, es decir, podría alcanzar un tercio. Segunda, tiene que ver con el tipo de pregunta y la interpretación de la respuesta. En esa encuesta se pone en primer plano el grado de ‘realismo’ sobre la eficacia inmediata de la huelga no sobre su legitimidad (o simpatía). Tampoco se asocia con otras motivaciones para apoyar la movilización social, por sus efectos positivos en diversos campos expresivos, de refuerzo de la ciudadanía y reequilibrio en las relaciones laborales, como expresión democrática de una indignación y un malestar social que hay que escuchar. No se pregunta si puede ser útil para todo ello. Pero tampoco es neutra o inútil en la apuesta por su cambio: la deslegitimación de la reforma abrirá un camino para que pierda fuerza y agresividad y se comience a generar su reversión. Forzar la respuesta sobre la actitud hacia la huelga por las posibilidades inmediatas de su modificación sustancial es reducir su significado a un utilitarismo extremo y cortoplacista, desconsiderando sus consecuencias de fondo para debilitarla y modificarla, así como toda la dimensión social, democrática y expresiva del sindicalismo, las clases trabajadoras y la ciudadanía activa. Por tanto, deducir que dos tercios de la población están en contra de la huelga es excesivo; con esos datos y a pesar de esa pregunta tan sesgada, un tercio de los asalariados está en contra de la reforma laboral y justifica la huelga general, y otro tercio también está en contra de la misma reforma pero cree que con los paros no la va a poder cambiar ya (y pueden tener consecuencias contraproducentes). La cuestión no es que esa valoración no sea realista, que parcialmente lo es sino que es unilateral. Ese factor no debe ser el determinante para la no participación porque hay más planos, realidades y objetivos para justificar y expresar el rechazo a esa reforma: su carácter injusto, la exigencia de su cambio y construir los cimientos para conseguirlo. La tercera apreciación tiene que ver con una valoración realista de los apoyos sociales iniciales a la huelga general para superar algunas dificultades y fortalecer la participación y la simpatía hacia la misma. Ya se conoce el resultado de otra encuesta de primeros de febrero de la misma empresa Metroscopia (El País 12-2-2012) donde el 46% de la población (67% de los votantes del PSOE) estaría de acuerdo con la convocatoria de la huelga general. Es decir, más de la mitad de la población trabajadora asalariada y más de dos tercios del conjunto de la base electoral de las izquierdas la consideran justificada –dando por supuesto que del resto de votantes de la izquierda y parte de la abstención su apoyo sería superior-. Por otra parte, tenemos la experiencia de la pasada huelga general del 29-S (un análisis detallado se encuentra en el libro Resistencias frente a la crisis de ed. Germanía-Valencia): una participación activa media en torno a un tercio de asalariados convocados (cerca de cinco millones) con mucha dispersión (en torno a dos tercios –y más- en los grandes centros industriales y urbanos, un tercio en medianas empresas y grandes centros de la administración pública y otros servicios, y mínima en las pequeñas empresas –y algunas grandes-, particularmente de servicios). La disponibilidad, la participación y la percepción están muy fragmentadas. En todo caso, es imprescindible una paralización significativa de la actividad productiva, urbana y comercial y una implicación de núcleos relevantes de las capas trabajadoras. Existen muchas dificultades, empezando por el fuerte bloque de poder de la derecha y el mundo económico, su inmenso aparato institucional y mediático y su renovado apoyo electoral (aunque no para esto). En este aspecto hay que señalar la menor desventaja en los apoyos institucionales respecto de la anterior huelga, ya que la dirección del PSOE –y medios afines- ahora está en contra de esta reforma y ello puede contribuir a la mayor visualización de su rechazo. Además, hay que tener en cuenta factores estructurales (fragmentación del tejido productivo, capacidad coactiva empresarial, fragilidad de las capas trabajadoras…) y contextuales (imponente poder institucional a favor de estas políticas restrictivas, dificultades del sindicalismo, debilidad de las izquierdas…). Así, a pesar del fuerte descontento social y la legitimidad de sus objetivos, es difícil una participación activa mayoritaria en el conjunto, es decir, la incorporación masiva a los paros de las capas trabajadoras precarias e inseguras en las pymes, especialmente, de los servicios y de las capas asalariadas de mayor estatus y rentas. No obstante, con esas previsiones, existen garantías de una participación sustancial, al menos, del nivel similar al 29-S y a la de 2002. La amplia participación –centenares de miles- en las manifestaciones del 19-F y del 11-M así lo indica. En ese sentido, tiene la ventaja de coincidir con una convocatoria previa de los sindicatos nacionalistas en el País Vasco, Galicia y Navarra; permite disminuir viejos enfrentamientos entre sindicatos confederales y nacionalistas y garantizar una participación mucho más unitaria y generalizada en esas tres zonas. En resumen, existe una disponibilidad básica y creciente entre la mayoría de los sectores progresistas y la ciudadanía indignada para la participación en esta contestación social; falta por asegurar esos objetivos mínimos de apoyos sociales explicando en profundidad las razones del conflicto. Pero, además, en estas semanas, se trata de frenar la previsible ofensiva del poder político y económico y, al mismo tiempo, ganar apoyos y ampliar su masividad y la simpatía hacia ella. El reto es superar ese listón de participación y restar credibilidad a la estrategia de las derechas. Por tanto, la explicación a favor de la huelga general debe abundar, por un lado, en la legitimidad de su objetivo: echar atrás una reforma laboral agresiva y las medidas de recortes sociales, rechazadas por la mayoría ciudadana; por otro lado, explicar las ventajas de que salga bien, al mismo tiempo que las desventajas del fatalismo. Es difícil que simplemente con una huelga con ese nivel de participación se impida su aprobación definitiva en el Parlamento. La cuestión es que es posible cuestionarla, restarle credibilidad ante la sociedad y eficacia en su aplicación, y preparar condiciones para su modificación sustancial. Se habrá avanzado en el objetivo de su supresión, que quedará como una tarea firme a continuar. Además, la desventaja de la pasividad, la ausencia de movilización social contra ella, abonaría su consolidación (junto con las dos anteriores a las que refuerza) y la de todo el paquete restrictivo; se profundizaría la indefensión laboral en las empresas y el desequilibrio en las relaciones laborales. La falta de una respuesta popular adecuada le permitiría a las derechas y los empresarios ampliar el carácter regresivo de esta reforma laboral y las demás reformas estructurales. El débil freno a esta política tendría efectos perniciosos para el fortalecimiento del sindicalismo y la renovación de las izquierdas, así como para la propia calidad democrática de las instituciones. En el plano cultural se favorecería la resignación colectiva y la simple adaptación individual; en el plano sociopolítico debilitaría al sindicalismo y el tejido asociativo progresista, así como perjudicaría la dinamización de la ciudadanía activa y la mejor participación democrática en la defensa de los derechos sociolaborales; supondría mayores riesgos de afianzamiento de la mentalidad conservadora y la involución autoritaria. Por tanto, lo que el campo social progresista perdería de no hacerse (o no tener apenas seguimiento) es mucho más que los riesgos reales de esta respuesta contundente a la ofensiva del Gobierno del PP. La huelga general no será inútil; es un paso relevante imprescindible para resquebrajar toda la estrategia neoliberal regresiva, y necesita consistencia y continuidad. Esta apuesta, probablemente, no conseguirá la total paralización productiva del país ni una participación generalizada de toda la población, pero puede tener los apoyos sociales necesarios en los dos planos fundamentales: participación activa suficiente (en los paros y todas las actividades y manifestaciones de apoyo), y amplia legitimidad social, al contar con el rechazo de la mayoría ciudadana a esta reforma laboral. Es un acto de reafirmación democrática y estímulo de la participación ciudadana, de freno a la involución social y exigencia de otra política socioeconómica, laboral y de empleo. En definitiva, es una huelga justa y legítima, el rechazo a la reforma laboral y los recortes sociales es apoyado por la mayoría de la sociedad; es un cauce de expresión de la indignación y el malestar social, y sus objetivos incluyen el freno a la involución social y la exigencia de rectificación de la política sociolaboral y de empleo. Supone la reafirmación del movimiento sindical en su capacidad dinamizadora y representativa, y un reequilibrio de la capacidad contractual de las capas trabajadoras en las empresas. Es un inicio, no el fin del camino. Es un freno a la ofensiva del Gobierno del PP que puede limitar su alcance regresivo. Puede conseguir el agrietamiento de la legitimidad de esa política de recortes sociolaborales y el reforzamiento de la izquierda social o la ciudadanía activa, que son condición para su cambio. Por tanto, se trata de construir las condiciones sociopolíticas y democráticas para un reequilibrio en las relaciones laborales y sindicales, el avance en los resultados reivindicativos y, como fondo, la reorientación de la gestión de la crisis hacia una salida más justa y equitativa. Antonio Antón. Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

jueves, 15 de marzo de 2012

¡Abajo la reforma laboral y los recortes sociales!

El 29-M debe ser el primer paso en el camino de la rebelión social contra los ataques del PP

CCOO y UGT han convocado una huelga general para el próximo 29 de marzo. La tarea de todo joven y trabajador consciente es poner todo lo que esté en nuestra mano para que esta sea masiva, amplia y contundente. Debemos convertir el 29-M en una gran demostración de fuerza de la clase obrera del Estado, que diga basta de recortes, de pérdida de derechos, de humillación y represión cotidiana en el puesto de trabajo. El decretazo de reforma laboral es un ataque brutal que dinamita derechos históricos conquistados por la clase obrera a lo largo de una lucha de décadas y tendrá consecuencias gravísimas. Todos los trabajadores sin excepción (parados o activos, jóvenes o mayores, fijos o eventuales, de la empresa privada, de la empresa pública o de la Administración) veremos empeorar muy seriamente nuestras condiciones laborales. Al gobierno del PP, fiel defensor de los intereses empresariales, le ha faltado tiempo para aprovechar la coyuntura y tratar de devolvernos a las relaciones laborales del siglo XIX. La contrarreforma no sólo no creará empleo, sino que incrementará el paro a niveles insoportables. La reforma laboral del PP pretende implantar el terror en las empresas e incrementar escandalosamente los beneficios empresariales a costa de la miseria de los trabajadores.
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"Esta huelga la convocan la patronal, los banqueros y el Gobierno"

Movimientos sociales, estudiantiles y el 15-M marchan juntos por "una huelga ciudadana"

sábado, 3 de marzo de 2012

LA IGLESIA CATÓLICA, APOSTÓLICA Y ROMANA ESPAÑOLA, COMO SIEMPRE, DEL LADO DE LOS PODEROSOS, LOS ESPLOTADORES Y LOS FACCIOSOS.

Rouco intenta sofocar las críticas a la reforma laboral en la Iglesia

La archidiócesis dirigida por el cardenal recomienda a las parroquias que no difundan el comunicado crítico de dos organizaciones católicas

Los parados que decidan combinar el cobro del paro con el sueldo perderán parte de su prestación

Los desempleados que sean contratados con el nuevo contrato indefinido creado por la reforma laboral que decidan compatibilizar de manera voluntaria el 25% de su prestación por desempleo con el salario que le pague el empresario perderán parte de la misma, ha denunciado la secretaria confederal de Empleo de CCOO, Paloma López.
Paloma López
Paloma López
Según Paloma López, los parados que decidan compatibilizar la prestación consumirán el 100% de la cuantía diaria, pero sólo cobrarán el 25%. Es decir, el trabajador perdería cada día el 75% de la prestación por desempleo.

"Las prestaciones servirán para sufragar los costes empresariales por una doble vía: incentivos fiscales por contratar beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo y traspaso del gasto del 75% de la prestación del trabajador, que sólo percibirá el 25% de la prestación, a incentivar a la empresa", asegura la secretaria confederal de Empleo de CCOO, quien denuncia que esto supone "un aprovechamiento para los empresarios del dinero público".