EFE MADRID/VALENCIA
La Comunitat Valenciana es la autonomía con peor índice de desarrollo de sus servicios sociales, con una nota de 0,80 sobre diez puntos, y la segunda -sólo superada por Baleares- que menos dinero destina por habitante al año para esas prestaciones, con 129 euros. Ésta es una de las conclusiones de una evaluación realizada por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, según la cual los servicios sociales tienen un nivel de desarrollo débil, existe una disparidad de esfuerzos y coberturas entre las regiones -desde 773 euros de gasto por habitante y año a 120 euros-, y las comunidades más endeudadas no tienen mejores prestaciones.
El estudio, conocido ayer, concluye que la Comunitat Valenciana "se encuentra en el lugar más atrasado en materia de servicios sociales de toda España, que es como decir en el lugar más atrasado de Europa" en "prácticamente todos los indicadores de cobertura", lo que deja en situación de "desventaja" a sus ciudadanos.
La Comunitat Valenciana, según el informe, no alcanza la excelencia en ninguno de los aspectos analizados, y así en el caso de los derechos y la decisión política, no obtiene ninguno de los puntos posibles, ya que considera que carece de un marco normativo que garantice derechos ciudadanos en esta materia.
Cita el caso de la ley de Dependencia y critica que se carezca de un catálogo que concrete estos derechos así como que no se haya sido capaz de "integrar eficazmente" la protección de este colectivo en el Sistema de Servicios Sociales. En cuanto al esfuerzo económico, se destaca que la situación valenciana es "claramente deficiente", con un gasto por habitante en materia de servicios sociales de 129,6 euros, menos de la mitad de la media estatal, que está en 280 euros, y con un porcentaje sobre el total del gasto que se queda en el 4,28 %, frente al 6,93 % del conjunto de España.
En materia de cobertura, la Comunitat Valenciana obtiene 0,6 de los 5 puntos posibles, y sólo destaca positivamente en acogimientos familiares de menores, donde tiene un porcentaje del 71,4 %, por encima del 63,5 % estatal.
La Comunitat Valenciana es la autonomía con peor índice de desarrollo de sus servicios sociales, con una nota de 0,80 sobre diez puntos, y la segunda -sólo superada por Baleares- que menos dinero destina por habitante al año para esas prestaciones, con 129 euros. Ésta es una de las conclusiones de una evaluación realizada por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, según la cual los servicios sociales tienen un nivel de desarrollo débil, existe una disparidad de esfuerzos y coberturas entre las regiones -desde 773 euros de gasto por habitante y año a 120 euros-, y las comunidades más endeudadas no tienen mejores prestaciones.
El estudio, conocido ayer, concluye que la Comunitat Valenciana "se encuentra en el lugar más atrasado en materia de servicios sociales de toda España, que es como decir en el lugar más atrasado de Europa" en "prácticamente todos los indicadores de cobertura", lo que deja en situación de "desventaja" a sus ciudadanos.
La Comunitat Valenciana, según el informe, no alcanza la excelencia en ninguno de los aspectos analizados, y así en el caso de los derechos y la decisión política, no obtiene ninguno de los puntos posibles, ya que considera que carece de un marco normativo que garantice derechos ciudadanos en esta materia.
Cita el caso de la ley de Dependencia y critica que se carezca de un catálogo que concrete estos derechos así como que no se haya sido capaz de "integrar eficazmente" la protección de este colectivo en el Sistema de Servicios Sociales. En cuanto al esfuerzo económico, se destaca que la situación valenciana es "claramente deficiente", con un gasto por habitante en materia de servicios sociales de 129,6 euros, menos de la mitad de la media estatal, que está en 280 euros, y con un porcentaje sobre el total del gasto que se queda en el 4,28 %, frente al 6,93 % del conjunto de España.
En materia de cobertura, la Comunitat Valenciana obtiene 0,6 de los 5 puntos posibles, y sólo destaca positivamente en acogimientos familiares de menores, donde tiene un porcentaje del 71,4 %, por encima del 63,5 % estatal.
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