El término de Gobernanza se ha
puesto de moda en las últimas décadas, y no ha sido por la voluntad de las
instituciones políticas de “ceder” espacios de poder o favorecer la
deliberación entre política y ciudadanía. El motivo es, ese otro término que tanto
hemos escuchado: desafección. La distancia entre ciudadanía y gobiernos se ha
convertido en un problema: los gobiernos han pasado de ser una solución a un
problema, algo que forma parte de ese relato social que impulsó en nuestro país
el movimiento 15M y que ha variado los equilibrios entre ciudadanía y poder
político.
Pero, ¿Qué es la Gobernanza en sí?.
Es, por así decirlo, el nuevo paradigma de gobierno que responde o intenta
responder a una nueva realidad. La más que evidente complejidad de la sociedad
civil, las incertidumbres y la variedad de actores en juego ha motivado la
necesidad de incorporar a esos actores en el acto de gobierno, con el objetivo
de mejorar las políticas públicas. Este nuevo paradigma provoca así mismo una
discusión: los que defienden que la democracia es conflicto y confrontación y
los que defienden el carácter deliberativo y de diálogo. A través de ésta nueva
voluntad política se persigue formalizar espacios de interacción por voluntad
de la administración pública. Y aquí encontramos una primera variable que
convierte al término en algo vacio o en una verdadera apuesta por la mejora de
la calidad democrática: “voluntad”.
No obstante, existen diferentes
tipos de definición o entendimiento para la palabra Gobernanza. Desde una
apuesta jerarquizada, donde la administración sigue determinando de arriba abajo
las formas de relación, hasta una Gobernanza en red, donde el gobierno se
orienta hacia la sociedad civil posibilitando efectivamente la participación de
los diferentes actores. Esta última forma, más horizontal, de una relación de
mayor igualdad, de deliberación y debate de posiciones que se da en un marco institucional, de reglas
y normas orientadas al diseño de políticas públicas concretas, es la
verdaderamente deseable
Pero la palabra en si carece de
sentido o puede estar sujeta a interpretaciones subjetivas que instrumentalicen
su significado. Para ello, es precisa una valoración de la calidad democrática
del proceso, y varias son las preguntas que deberemos hacernos: ¿se cuenta con
el mayor número de actores, sus características son lo suficientemente
heterogéneas para promover un debate, se trata de una acción sistemática y no
coyuntural en el tiempo, las relaciones de poder son simétricas (se delega
capacidad de decisión), se conjugan conflicto y diálogo, se tiene,
efectivamente la capacidad de influir (relacionado con la simetría del poder),
se mantienen posiciones lo suficientemente permeables, asumiendo la posición
del “otro” como válida aunque discutible, tiene una alta difusión social el
proceso deliberativo y de acuerdo en el resto de la sociedad?. Estas preguntas
tienen una respuesta que nos dará el grado de mejora de la calidad democrática
de una decisión que no puede, en ningún caso tratarse de un brindis al sol ni
una acción coyuntural a causa de la moda terminológica para así cubrir una
parte del curriculun institucional. Debe tratarse de una voluntad expresada en
normas y acuerdos.
Evidentemente, una decisión de
éste tipo se encontrará con múltiples dificultades como múltiples son los
puntos de vista. Los que antepongan únicamente el conflicto como elemento de
negociación, frente a los que se nieguen a reconocer la validez de las
posiciones diversas e incluso contrapuestas de los actores sociales; los que
consideren que la negociación no es posible a causa de los prejuicios sobre la “maldad
intrínseca” de los representantes o incluso la ausencia de voluntad real por
parte de esos representantes de ceder espacios de decisión a actores que en
muchas ocasiones siguen siendo vistos como “opositores” y no como posibles
aliados para conformar amplios espacios de consenso. Todas las adversidades y
vicisitudes deberán ser salvadas para desarrollar un ejercicio que, en
definitiva tiene un objetivo mucho más importante: reconciliar, en lo posible y
de forma progresiva y efectiva, a la sociedad con la política.