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lunes, 25 de abril de 2016

EL CONSEJO DE CIUDAD:¿ un compromiso con la nueva realidad o un acto administrativo?

El término de Gobernanza se ha puesto de moda en las últimas décadas, y no ha sido por la voluntad de las instituciones políticas de “ceder” espacios de poder o favorecer la deliberación entre política y ciudadanía. El motivo es, ese otro término que tanto hemos escuchado: desafección. La distancia entre ciudadanía y gobiernos se ha convertido en un problema: los gobiernos han pasado de ser una solución a un problema, algo que forma parte de ese relato social que impulsó en nuestro país el movimiento 15M y que ha variado los equilibrios entre ciudadanía y poder político.
Pero, ¿Qué es la Gobernanza en sí?. Es, por así decirlo, el nuevo paradigma de gobierno que responde o intenta responder a una nueva realidad. La más que evidente complejidad de la sociedad civil, las incertidumbres y la variedad de actores en juego ha motivado la necesidad de incorporar a esos actores en el acto de gobierno, con el objetivo de mejorar las políticas públicas. Este nuevo paradigma provoca así mismo una discusión: los que defienden que la democracia es conflicto y confrontación y los que defienden el carácter deliberativo y de diálogo. A través de ésta nueva voluntad política se persigue formalizar espacios de interacción por voluntad de la administración pública. Y aquí encontramos una primera variable que convierte al término en algo vacio o en una verdadera apuesta por la mejora de la calidad democrática: “voluntad”.
No obstante, existen diferentes tipos de definición o entendimiento para la palabra Gobernanza. Desde una apuesta jerarquizada, donde la administración sigue determinando de arriba abajo las formas de relación, hasta una Gobernanza en red, donde el gobierno se orienta hacia la sociedad civil posibilitando efectivamente la participación de los diferentes actores. Esta última forma, más horizontal, de una relación de mayor igualdad, de deliberación y debate de posiciones  que se da en un marco institucional, de reglas y normas orientadas al diseño de políticas públicas concretas, es la verdaderamente deseable
Pero la palabra en si carece de sentido o puede estar sujeta a interpretaciones subjetivas que instrumentalicen su significado. Para ello, es precisa una valoración de la calidad democrática del proceso, y varias son las preguntas que deberemos hacernos: ¿se cuenta con el mayor número de actores, sus características son lo suficientemente heterogéneas para promover un debate, se trata de una acción sistemática y no coyuntural en el tiempo, las relaciones de poder son simétricas (se delega capacidad de decisión), se conjugan conflicto y diálogo, se tiene, efectivamente la capacidad de influir (relacionado con la simetría del poder), se mantienen posiciones lo suficientemente permeables, asumiendo la posición del “otro” como válida aunque discutible, tiene una alta difusión social el proceso deliberativo y de acuerdo en el resto de la sociedad?. Estas preguntas tienen una respuesta que nos dará el grado de mejora de la calidad democrática de una decisión que no puede, en ningún caso tratarse de un brindis al sol ni una acción coyuntural a causa de la moda terminológica para así cubrir una parte del curriculun institucional. Debe tratarse de una voluntad expresada en normas y acuerdos.

Evidentemente, una decisión de éste tipo se encontrará con múltiples dificultades como múltiples son los puntos de vista. Los que antepongan únicamente el conflicto como elemento de negociación, frente a los que se nieguen a reconocer la validez de las posiciones diversas e incluso contrapuestas de los actores sociales; los que consideren que la negociación no es posible a causa de los prejuicios sobre la “maldad intrínseca” de los representantes o incluso la ausencia de voluntad real por parte de esos representantes de ceder espacios de decisión a actores que en muchas ocasiones siguen siendo vistos como “opositores” y no como posibles aliados para conformar amplios espacios de consenso. Todas las adversidades y vicisitudes deberán ser salvadas para desarrollar un ejercicio que, en definitiva tiene un objetivo mucho más importante: reconciliar, en lo posible y de forma progresiva y efectiva, a la sociedad con la política.

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