El
urbanismo, así con mayúsculas, ha entrado en la agenda del nuevo gobierno a
causa de la anulación por parte del Tribunal Supremo del Plan de ordenación
urbana aprobado en 2011. Esto provoca una serie de conflictos administrativos,
pero paralelamente una oportunidad para superar la dependencia histórica que
nuestro municipio ha tenido del sector del ladrillo. Las palabras del actual
Alcalde sobre la “oportunidad” que ofrece la anulación introducen un cierto
optimismo pese al problema de volver temporalmente al planeamiento del año
1986.
El plan
de 2011 nace, en principio, de una
necesidad: la adecuación del planeamiento dado el “agotamiento” del Plan
General del año 86. Y esta necesidad se aborda, por parte del anterior gobierno
municipal, desde la perspectiva que condicionaba el urbanismo en la época de la
expansión del ladrillo como apuesta política. Pero afortunadamente ( o
desgraciadamente, según el interés) nace en los estertores de la burbuja.
El
diseño de la política urbanística se realizó, como decía, bajo criterios
expansivos, sin que la aprobación del nuevo planeamiento conllevase revisión o
previsión alguna en lo referente a la prestación presente y sobre todo futura de los servicios
básicos. Por lo tanto, pecó de una
cierta irracionalidad en cuanto a la eficacia y sostenibilidad en su desarrollo: Agua, residuos, energía, etc.
aparentemente no fueron tenidos en cuenta, al igual que el estudio económico
financiero que, según el Tribunal Supremo, era requisito del planeamiento y motivo de su anulación (pese a
que la Ley Urbanística Valenciana no lo exigía). Se produce un problema que
pone en evidencia los conflictos de la administración multidimensional donde
una administración enmienda lo que otra hace y provoca un problema. Pero al
mismo tiempo, el gobierno emanado de las elecciones municipales de 2015 podría
utilizarlo como solución para lo que, tanto para ellos (en la oposición
entonces) como para muchos otros fue una norma urbanística sobredimensionada e
irracional.
Igualmente
se da una posibilidad para que los actuales actores políticos acuerden (así lo
ha solicitado ya algún grupo) empezar a construir desde abajo: la mesa de
trabajo sobre los criterios urbanísticos podrían contar con nuevos actores y
nuevos roles de otros que en la actualidad solo se ocupan de asuntos
relacionados con los efectos de la revisión catastral y el impuesto de bienes
inmuebles. Ello posiblemente incidiría en un compromiso mantenido por el nuevo
gobierno municipal: mejorar la calidad democrática del debate, y en concreto,
sobre el diseño urbano y la racionalidad en la prestación de servicios. Aunque
para ello alguna de las partes que hasta ahora ha sido únicamente oposición
debería revisar su estrategia y ampliar el espectro de su interés. Contar
igualmente con promotores, propietarios (y no solo en el período de exposición
pública) incidiría igualmente en esa mejora de la calidad democrática que se
exige y a la que se comprometieron los actuales gobernantes municipales en la campaña
electoral.
Comparto
por tanto el planteamiento inicial de lo que podría llegar a ser una nueva
política urbanística, considerando que además es un reto, no solo para la
actual corporación municipal, sino para el futuro de nuestro municipio. Es
cierto que la solución está constreñida por normativas supramunicipales, pero
la decisión de dónde y cómo va a ser fundamental, y ésta debe contar con el
consenso más amplio posible y así ser, no solo duradera en el tiempo, sino
eficaz en cuanto a los objetivos, algo de lo
que el defenestrado plan carecía.
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