UN PRINCIPIO: SOLIDARIDAD

¿Somos los y las trabajadores y trabajadoras públicos igual que el resto?: básicamente, sí. Nos diferencia nuestro estatuto y la legislación por la que nos regimos, pero en lo fundamental, somos iguales, con matices. Los y las trabajadores del sector privado, están sometidos a una estrategia de precarización que, aunque aparentemente no lo parezca, también nos afecta a los y las trabajadores y trabajadoras públicos. Pero no voy a filosofar sobre esa otra estrategia que, proveniente desde diferentes sectores, cuestiona y enfrenta a los y las trabajadores entre si con un objetivo: atomizar los intereses de la clase trabajadora para así disponer de una mayor, digamos; disponibilidad a la hora de aceptar recortes y precariedad. Voy a centrarme en un concepto retributivo que nos situará frente a un principio ético: la solidaridad.

Los trabajadores y trabajadoras del sector privado, “gracias” a la sucesión de reformas y a la debilidad estructural del tejido económico productivo, se encuentran en una gravísima situación en la que, ni teniendo trabajo se deja de ser pobre ( ver datos de Encuesta de Condiciones de Vida del INE 2014). La reformas laborales aprobadas no han incidido en un cambio de modelo productivo, pero si lo han hecho en las condiciones de vida de los y las trabajadores y trabajadoras. Los empleados públicos no estamos exentos de este “empobrecimiento”, ya que, a la privatización ( gustan de llamar “externalización), bajadas de salario y congelaciones varias, hay que sumar la estrategia que reúne todos estos parámetros de precariedad: desmontar los servicios públicos para igualarnos a todos y todas en la pobreza y así poder contar con lo que, ya Marx denominó el Ejercito de Reserva ( paro y precariedad estructural para mejor y mayor disposición de mano de obra barata, donde la competencia entre los pobres propicie un crecimiento de ese otro objetivo: individualización extrema del individuo, que es igual a la competición o guerra entre los y las trabajadores y trabajadoras por ocupar cualquier empleo a cualquier precio).

El concepto retributivo al que quiero referirme es: horas extras o servicios extraordinarios. Y el principio, como decía; el de solidaridad, entendida ésta como la concienciación de compartir situación social, al margen ( y parece fácil decirlo…) de la estabilidad laboral que se tenga.

Las horas extras en la empresa privada se ha generalizado como un método de doblar la producción con los mismos ( o menores) costes laborales. Estas horas, se realizan, no ya de forma extraordinaria, sino como parte estructural de la producción, siendo de obligada de realización y de dudosa compensación en muchas empresas. En las instituciones públicas ( al menos en la que yo presto mis servicios), los servicios extraordinarios ascienden, presupuestariamente ( presupuesto 2014 prorrogado) a más de cien mil euros. Y la pregunta que conecta el concepto retributivo y el principio de solidaridad, ¿deben realizar servicios extraordinarios los y las trabajadores y trabajadoras municipales?. Legitimamente, si. Pero la cuestión ya no es siquiera la legitimidad, sino la ética.

Los trabajadores y trabajadoras públicos “deberíamos” ser los que rompiésemos ( por estabilidad) la dinámica de atomización y enfrentamiento, convirtiéndonos en un tipo de “vanguardia” de los derechos: luchar por que las externalizaciones no se realicen, porque se fomente el autoempleo local, la creación de bolsas de trabajo temporal, los servicios gestionados con objetivos sociolaborales, etc.  Por el contrario, con el tiempo nos hemos convertido en una especie de élite laboral ( vilipendiada, si, pero envidiada, también) que olvida dos principios básicos: siendo trabajadores, prestamos servicios a la ciudadanía ( lo que presupone una cierta vocación de servicio), y debido a nuestra estabilidad, deberíamos fomentar y potenciar una conciencia colectiva que obligase a las estructuras políticas a preocuparse, no por las movilizaciones sectoriales, sino por una movilización general y transversal (laboralmente hablando).

Personalmente creo que, ese principio que otorga a todo aquel que cree que es necesario recuperar la solidaridad el atributo de “tonto”, debe ser combatido, y si exigimos a nuestros representantes principios y ética, nosotros, como servidores públicos profesionales deberíamos asumirlo como parte de nuestro necesario adn.

Repartir el potencial empleo que las administraciones locales tienen a su disposición no resolverá un problema en el que, por competencias y por dimensión, poca incidencia tienen las acciones locales, pero si puede paliar las situaciones de mayor gravedad: inserción laboral de jóvenes y reinserción de mayores; situaciones familiares extremas, etc.