Las administraciones locales, en virtud de la
legislación de ámbito local, tiene la potestad y la capacidad de establecer
contratos al objeto de recabar prestación de servicios, suministro de bienes y
servicios, etc. Ha sido un hábito de las administraciones, el contratar
servicios en vez de personal, y esto, con el argumento de que se “abarataban”
costes y se agilizaba la gestión. Aquí, en un insignificante epígrafe, se podrían
establecer diferencias claras entre la derecha y la izquierda, pero la tónica
general nos dice que, desgraciadamente, no es así (y sería motivo de un artículo
reflexionando sobre el porqué)
En nuestro municipio, por poner un ejemplo, la
derecha gobernante desde hace veinte años (la prensa de derechas, en caso de
ser otro partido el que llevase ese tiempo, no dudaría en calificarlo de “régimen”)
ha privatizado: Servicio de Jardinería, Servicio de Recogida de Residuos,
Servicio de limpieza viaria, servicio de señalización horizontal. De la etapa
anterior, los servicios de Biblioteca, Educación Permanente de Adultos y una
parte de Servicios sociales. Como podemos ver, no es en absoluto insignificante
el montante total de servicios que, pagando el Ayuntamiento, beneficia a la
empresa privada.
Otro de los argumentos para contratar servicios
a la empresa privada es, promover el empleo a través de los contratos, pero
ante este argumento existen datos más que evidentes de que la creación de
empleo en la localidad ha sido, por decirlo de una forma respetuosa, escasa.
Desde la izquierda se pueden gestionar los
servicios, no sólo centrándose en el objetivo de una prestación de calidad,
sino de una prestación “ a través de la igualdad”. Me explico.
Por un lado, tenemos la posibilidad de que los
servicios sean gestionados directa o indirectamente por el Ayuntamiento. En el
primer caso el capítulo 1 condicionaría en exceso la aplicación de otras políticas,
por lo que muchas administraciones optaron hace décadas en descentralizarlos. ¿Cómo?,
a través de la creación de empresas y otros entes de titularidad municipal (fundaciones,
patronatos, etc). El desarrollo, siendo positivo, podríamos valorarse como
desigual, al ser éstos entes descentralizados excesivamente “caros”, pero por
su cúpula: gerencias, directores, etc. Esto se habría evitado con una composición
del consejo de administración compuesta por cargos públicos que no percibiesen
remuneración por el ejercicio de esa responsabilidad. Igualmente no se han
incluido en dichos entes públicos representación de trabajadores o vecinos, lo
que hubiera propiciado un mejor y mayor control democrático de la gestión de
dichas entidades y una planificación más ajustada a las prioridades sociales.
Esta, o cualquier otra modalidad de prestación
de servicios diferente a la contratación de empresas privadas ahorra a la
entidad municipal, además del 20% (más o menos) del beneficio que se embolsa el
empresario, la existencia de
trabajadores en situación de precariedad (la contratación a través de entes públicos
garantiza que sus condiciones laborales se ajusten a ley).
Esta es una diferencia, pero hay más.
La opción de promocionar el asociacionismo
laboral entre los diferentes sectores de la localidad no ha sido
suficientemente explorada, desechándola por ser, creo yo, simplemente
diferente. La promoción del cooperativismo entre jóvenes y parados de larga
duración, entre profesionales, entre emprendedores, garantizaría, además de que
el mencionado porcentaje de beneficio empresarial se repartiese, un compromiso
con el valor de la solidaridad en cuanto a reparto del trabajo. Este campo está
por explorar en materia de empleo local, pero parece que la dinámica de
automatismo administrativo y el excesivo carácter institucionalista de la
izquierda hace que deseche estas opciones.
Personalmente apuesto por ambas soluciones pues en mi opinión son
una opción que la izquierda tiene en su mano para fomentar el empleo entre los
y las trabajadores y trabajadoras de la localidad desde un concepto de justicia
y redistribución.
La “excusa” del abaratamiento a través de la
contratación privada, supone: por un lado, que si bajan los contratos, los
salarios de los trabajadores bajan, pero no el porcentaje de beneficios. Una
situación de precariedad y un clientelismo claro al verse que en la mayoría de
empresas el trabajo se reparte ( no siempre, pero muy a menudo) entre conocidos
o por referencias, sin tener en cuenta la posible precariedad social o
necesidad. La misma cantidad que se abona a las empresas sería la que se
utilizaría en las otras opciones, simplemente significaría un poco más de
trabajo pero, ¿para qué se está en política sino para crear y no solo para
gestionar?
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