Ya se celebraron las elecciones
sindicales, y las organizaciones que han concurrido habrán realizado los
análisis correspondientes a los resultados, a pesar de la dificultad que
entraña un análisis de éste tipo.
Cuantitativamente, el sindicato
que haya obtenido un mayor número de apoyos, podrá concluir que ha vencido. Habrá
celebrado el apoyo recibido de los y las trabajadores y trabajadoras
municipales, pero ¿ un apoyo, para qué?. En principio la respuesta a esta
pregunta que pudiera parecer retórica, supone un esfuerzo.
Para intentar analizar los
resultados tendríamos que partir de una variable principal: los intereses
sectoriales y el estatus. En mi opinión la competitividad en la que está
inmersa la plantilla municipal se ha concretado en las mismas propuestas con
las que han concurrido las organizaciones sindicales: intereses sectoriales que
parten de una situación de cuestionamiento de estatus. Me explico.
Trabajadores y trabajadoras
municipales, que accedieron a su plaza de la misma manera ( en grupos
diferentes algunos), encuentran un agravio comparativo en otros trabajadores y
trabajadoras, no por las funciones o responsabilidad, sino por una “injusta”
aproximación salarial, algo que “mina” el “reconocimiento”, fundamentalmente,
salarial.
Buscando una explicación,
podríamos concluir que, rota la norma salarial (que atribuye a cada grupo unas
retribuciones) a causa de la política de prebendas practicada desde hace años
por los sucesivos gobiernos municipales, ha propiciado un posicionamiento
individual frente a otros trabajadores, que ha dado como fruto una disgregación
absoluta de intereses, poniéndose de manifiesto su enfrentamiento. Esta
cuestión que pudiera parecer solo un asunto retributivo sin más, conlleva una
merma en la capacidad de influencia de los sindicatos, que no es otra que la
movilización.
La negociación no es entendida
por la administración como un ejercicio de acuerdo sino como un acto de
imposición. Y estas imposiciones no encuentran más que una oposición, si acaso,
simbólica, pues la efectiva ( la de la movilización) es inexistente, y a la
vista de la disgregación de intereses, imposible. Esto “facilita” a los y las
representantes políticos la imposición de medidas y políticas laborales, ya que
no encuentran una oposición en los trabajadores y trabajadoras.
Todo ello me lleva a afirmar que
el papel de las organizaciones sindicales, más allá de lo que la legislación
les confiere respecto a la representatividad , es meramente testimonial,
al haber sustituido la militancia por un
tipo específico de asociacionismo sindical o, como mucho, una agregación
coyuntural manifestada en el voto a una u otra organización en función de las “promesas”
de solución de los asuntos propios de cada grupo de interés.
Plantear como posibles cuestiones
que, ni están en la agenda, ni dependen de competencias ( o están limitadas)
propias es algo que está a la orden del día, pero en una gran parte de la
sociedad, ya se han levantado voces denunciando el incumplimiento y la
demagogia, algo que en la administración local parece no darse, o quizá lo que
no se valore sea la representación sindical más que como un instrumento
particular para reivindicar asuntos sustentados por ese carácter líquido de la
sociedad local misma.
No obstante, y siendo positivos,
sí hay una cuestión en la que las actuales asociaciones de trabajadores y
trabajadoras tienen una misión: la acción judicial. Esta, a la vista de los
resultados en los últimos cuatro años, parece ser la única vía que los
trabajadores, individual o de forma agrupada, tienen para defender sus
derechos. Y en esto, no todos hemos estado a la altura de lo que se demandaba (
lo que ha propiciado la huida hacia opciones más “efectivas”, aunque
sustentadas en algún caso por una ausencia absoluta de los niveles mínimos de
ética o moral que podría exigirse a una organización sindical y sus
representantes).
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