Todavía ( y es pronto) no se ha concretado el régimen retributivo de los cargos públicos en la nueva corporación. Un amigo me decía que, antes de concretar el acuerdo plural, una de las partes afirmaba que: " si alguien habla delante de mi de dinero, se acabó la negociación". Este condicionamiento programático ha sido asumido con un requerimiento emotivo que condiciona o podría hacerlo la viabilidad de un gobierno plural que tiene ante si un cúmulo de retos y, donde éste problema es menor, en mi opinión.
Creo que, en un "exceso" de ética o quizá, de vergüenza ( hablar de asuntos salariales parece que, de alguna manera, "ensucie" las buenas intenciones) el asunto se dejó para más adelante. En mi opinión debería haberse resuelto sin ningún problema para, una vez en el gobierno municipal, consensuar un reglamento donde éstas (y otras, evidentemente) cuestiones quedasen resueltas de forma clara.
Respecto a los salarios de nuestros cargos públicos, en general, se ha encendido un acalorado debate sobre los privilegios; debate que, con razón y razones ha cuestionado el qué y el porqué. En el caso de los Ayuntamientos, la Ley de Sostenibilidad ha pretendido dar un marco legal a las retribuciones pero, desgraciadamente, se ha quedado a medias: regula el máximo del Alcalde, el número total de dedicaciones exclusivas y el número total de personal de confianza.
Los argumentos "ideológicos" de los que mantienen una posición más "firme" parte de unos criterios que, pueden ser o bien podrían ser otros: la cuestión de "tres veces" o de "dos veces y media" podría bien ser de "una vez y tres cuartos" o incluso de "dos veces y una decima"... Lo cierto es que nadie (aunque defienda con vehemencia la pureza y justicia de su planteamiento) tiene la solución, pues el concepto "responsabilidad" no es, en mi opinión, suficiente para dar un marco cuantitativo a dichas remuneraciones.
Creo que un instrumento que podría servir sería el régimen retributivo de los funcionarios y funcionarias públicos, donde, con criterios, se plantea qué y porqué se cobra. Pero ya digo que, pudiendo ser útil, igual tampoco lo es tanto.
Por lo tanto, creo que cabe un acto de ajuste por parte de nuestros nuevos responsables políticos: un ajuste a la baja, pero también un acto que se base no en un mero reparto, o en una concesión a planteamientos ideológicos ( en el sentido de subjetividad condicionante): un acuerdo, consensuado entre la totalidad de formaciones políticas que de un marco de estabilidad a la posterior traslación del mismo a ese necesario reglamento.
No obstante, sí hay una cuestión que debería preocupar a las formaciones políticas: la transparencia en las cuentas. Y, si los salarios son necesariamente transparentes, no tiene la misma característica la partida de subvenciones o ayudas a los grupos políticos con representación. Debería regularse la presentación de cuentas para evitar un agravio comparativo ( mantenido durante años) con el resto de ciudadanos y ciudadanas que deben justificar hasta el último céntimo percibido de la administración.
Y concluyo: creo que una rebaja en las retribuciones es necesaria; creo que debe propiciarse un acuerdo y no una imposición que pueda ser motivo de polémica; creo que deben "aparcarse" esos condicionantes pseudomorales e ideológicos ( no digo abandonarlos, pero si graduarlos) pues el objetivo supera en mucho las expectativas de todos los actores y, sobre todo, involucra a muchos y muchas que, aunque manteninendo una necesaria actitud crítica, esperamos que la lectura de la nueva situación política sea la correcta: cambio, pero sin traumas ni víctimas.
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