Estamos en el período de elaboración- por parte de los
partidos y organizaciones que concurren a las elecciones municipales del mes de
mayo o pretenden hacerlo- de elaboración de candidaturas electorales.
Diferentes son los métodos para la elaboración de las candidaturas; todos ellos
democráticos y legítimos, pese a esa presunta “deslegitimación” que explotan simbólicamente
los partidos y organizaciones que han optado por el enésimo paradigma de la
regeneración democrática: las primarias.
En el partido de la derecha, la gran ausente es la
democracia, o mejor dicho: la gran ausente es la militancia, pues las
candidaturas las elijen las cúpulas del partido sin que hay posibilidad de
discusión ni contestación ( a riesgo de exclusión). En los partidos del
espectro electoral de la izquierda, los métodos son diferentes.
Por un lado, encontramos la “intencional”: la intención es
convocar primarias, pero el predominio carismático es tal, que no existe
contestación ni existiría, incluso, si se diera el caso de unas primarias. Igualmente
encontramos las primarias internas. Que consisten en elegir, en principio al
cabeza de lista de entre diversos candidatos o candidatas. Otro método; el de
las primarias abiertas, o lo que es lo mismo: votan al candidato (incluso a la
candidatura) tanto militantes como simpatizantes, previa inscripción ( en
algunos casos inscripción y pago simbólico).
Cualquiera de los métodos expuestos son legítimos, pues
dicha legitimidad está sustentada en la aceptación explícita por parte de
militantes, o militantes más simpatizantes. Incluso el método empleado por la
derecha es legítimo, pues también está sustentado en una aceptación más o menos
tácita, pese a que algunas reflexiones públicas de algún dirigente apunten a la
necesidad de acabar con el “dedazo”.
El artículo 6 de la Constitución del 78 atribuye a los
partidos que concurren a las elecciones la conformación de de la voluntad
popular, “siendo instrumento fundamental para la participación”. Igualmente,
podemos leer: “Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
Pero, en el marco de la manifiesta desafección de la ciudadanía respecto a los
partidos, parece que es evidente que, aquel partido o coalición que no “se
adapte”, de alguna manera, a las exigencias de regeneración democrática, será
señalado como “viejuno”.
Mi opinión respecto a los métodos legítimos de cada partido
y organización en la elaboración de sus candidaturas es de respeto por la
premisa que antes señalaba: la aceptación de la militacia. No obstante,
considero que, reflexionar sólo sobre el método de elaboración de las
candidaturas pecaría de una tremenda pobreza reflexiva, al omitir u obviar el
verdadero ( en mi opinión) elemento de regeneración: el objetivo de incrementar
el cuerpo de la sociedad civil dispuesta a participar en la toma cotidiana de
decisiones, el compromiso de aceptar una cesión de poder en los órganos de
participación democrática que deben articularse en torno a los órganos
oficiales, el compromiso de rendición de cuentas, y por ende, de transparencia
absoluta para así facilitar el control ( y, por consiguiente, la participación)
ciudadano, así como un elemento simbólico pero de increíble valor ético: la
revocación de cargos.
Considero, como ya he dicho en otras ocasiones, que lo
verdaderamente importante y donde se demuestra el nivel de exigencia que cada
partido se autoimpone en materia de regeneración se concreta en la elaboración
del programa: el nivel de participación que está dispuesto a asumir, el
carácter vinculante o no del debate social en torno a las propuestas, la viabilidad
de las mismas, etc. Es un campo donde la
izquierda (no necesariamente etiquetada como tal) tiene mucho que avanzar si la
pretensión va más allá de la coyunturalidad de unas elecciones, que siendo
importantes, no limitan, más que en el tiempo, lo que debiera ser el verdadero
objetivo: transformar la sociedad. No solo en los aspectos más directos que
afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía, sino en la progresiva creación de
un espíritu democrático basado en el compromiso cívico con lo colectivo.
Evidentemente, soy consciente que lo que está de “moda” es
el discurso utilitarista sobre la necesidad de “resolver los problemas de la
gente”. Y, aun estando de acuerdo en que ésta es una de las responsabilidades
del representante, defiendo una proyección temporal de los proyectos más allá
de los períodos legislativos: la construcción de un proyecto sustentado no solo
en los votos, sino en la construcción de un consenso social potente sobre la
participación vinculante y la consiguiente cesión de estatus que incidiría, sin
lugar a dudas, a acercar la política a una ciudadanía descreída, desilusionada
y extremadamente cabreada con las posiciones elitistas que representan los
discursos institucionales hasta ahora representados.
Creo apasionadamente en la política como instrumento desde
donde concretar las ideas, pero creo igualmente que ningún planteamiento,
propuesta e idea es infalible, y ahí estriba el problema: ¿está dispuesto el
político local, instalado en un cierto tipo de elitismo, ceder parte de el
estatus que hasta ahora la sociedad concedía a los representantes sobre los
representados?.
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