La casta de los cargos públicos

Será demagógico decirlo, pero cuando cientos de miles de españoles han dejado de percibir una prestación mínima de supervivencia, cuando las reducciones de pensiones es una sombra que avanza vertiginosamente en un rescate total o parcial, cuando las pensiones de los trabajadores autónomos son ridículas, especialmente si disponen de algún patrimonio por corto que sea, cuando los sueldos y la firmeza en sus puestos de miles y miles de funcionarios están en peligro inminente, cuando el despido de los trabajadores ya es libre, cuando tanta desesperación se apodera de quien no encuentra trabajo, nunca más si tiene más de cincuenta años, cuando tanta y tanta afrenta ocurre a toda una sociedad, es una inmoralidad legal, sí, inmoralidad legal, que al ex presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, se le conceda una indemnización de 208.000 euros en cómodos plazos de de 8.676 euros mensuales por haber estado más de tres años en el cargo, que se ha visto ‘obligado’ a abandonar, y ello arropado por unos vocales que no permiten la investigación de sus propios gastos, y además tendrán que pedir un crédito a Hacienda para pagar a Dívar.