Leo, que en la última sesión del Pleno municipal de El Campello, se discutió sobre la situación del parking de la Avenida de Els Furs. Unos, defendían que, hasta que los tribunales no se pronunciasen, no había que abonar nada a la empresa que, siendo adjudicataria, cerró el parking. Otros, defendían ( bajo el argumento de la " agonía" de la decisión) que se abonase, aunque no sé bien a qué cantidad se referían. No voy a referirme a los argumentos en pro o en contra del pago de la indemnización que la empresa exige al Ayuntamiento ( insisto, a todos y todas los campelleros y campelleras), sino en la necesidad de reflexionar sobre el particular, teniendo como perspectiva una premisa que, en mi opinión, es fundamental: lo que haya que pagar, lo pagaremos todos, no el Ayuntamiento (¿qué es el Ayuntamiento sino la representación de la ciudadanía?).
Los hechos se remontan unos años atrás cuando una empresa privada propone construir un parking y reformar la Calle San Bartolomé. Supongo ( porque la firma del convenio cuenta con un trámite burocrático) que los informes técnicos municipales sustentaron el acuerdo que habilitaba al Alcalde a firmar el convenio con la empresa ( empresa que, supongo, habría realizado los estudios de viabilidad pertinentes antes de tomar la decisión). Supongo igualmente que el Pleno debatió la idoneidad del acuerdo, valorando los pros y contras que la obra del parking y la remodelación ( orientada a la viabilidad del parking, con la consiguiente supresión de aparcamientos libres en la Calle San Bartolomé). Pues, partiendo de éste hecho, considero que, en estos momentos, en los que un juez tiene que decidir sobre la exigencia de una empresa, la ciudadanía, junto a los grupos políticos, tendrían que decidir sobre la responsabilidad que el gobierno municipal tiene en el asunto. Y cuando digo responsabilidad, me refiero incluso a la responsabilidad patrimonial.
Esta obra, al igual que la de la Piscina, podríamos enmarcarlas en la dinámica que se siguió en la época en la que el ladrillo era quien diseñaba las políticas "expansivas" de la administración. Esta obra, al igual que la del Aeropuerto de Castellón, las obras en el circuito de formula 1 de Valencia, el parque de las ciencias, la ciudad de la luz o las autopistas de Madrid, fueron decididas por políticos ( curiosamente del mismo signo político). Ahora, si cuando se examine el acuerdo de pleno se observa que el acuerdo fue adoptado con la participación de otros grupos a parte del gobernante, la responsabilidad es compartida.
Este tipo de asuntos son los que deberían hacer reflexionar a la ciudadanía sobre la"calidad" de los representantes que se elijen, pues sus "errores", los pagamos todos y todas, algo que, aunque no afecte de forma directa e inmediata a los bolsillos de la ciudadanía, si afecta a unos presupuestos sustentados por los impuestos que todos y todas pagamos. Esto, debería ser suficiente para exigir que, por ejemplo en el caso que nos ocupa, todos los que apoyaron el asunto, respondiesen asumiendo su responsabilidad. Evidentemente el amable lector pensará: ¿asumir su responsabilidad?, ¡nadie asume su responsabilidad!. Pues, esto, no significa más que, si no la asumen, y se les sigue apoyando en las urnas, la responsabilidad del despilfarro, de "sus" errores, los seguiremos pagando todos: los que les votan y los que no les votan.
Creo que no se puede justificar un error que va a costar dinero a la ciudadanía y que va en detrimento de otros posibles servicios que sí son imprescindibles. Considero que deberíamos exigir a los que comenten "errores" que los asuman, porque, ¿acaso si un ciudadano comete el "error" de no pagar sus impuestos, qué ocurre". Hagámonos la pregunta y tomemos conciencia de que no todo es justificable.
Los hechos se remontan unos años atrás cuando una empresa privada propone construir un parking y reformar la Calle San Bartolomé. Supongo ( porque la firma del convenio cuenta con un trámite burocrático) que los informes técnicos municipales sustentaron el acuerdo que habilitaba al Alcalde a firmar el convenio con la empresa ( empresa que, supongo, habría realizado los estudios de viabilidad pertinentes antes de tomar la decisión). Supongo igualmente que el Pleno debatió la idoneidad del acuerdo, valorando los pros y contras que la obra del parking y la remodelación ( orientada a la viabilidad del parking, con la consiguiente supresión de aparcamientos libres en la Calle San Bartolomé). Pues, partiendo de éste hecho, considero que, en estos momentos, en los que un juez tiene que decidir sobre la exigencia de una empresa, la ciudadanía, junto a los grupos políticos, tendrían que decidir sobre la responsabilidad que el gobierno municipal tiene en el asunto. Y cuando digo responsabilidad, me refiero incluso a la responsabilidad patrimonial.
Esta obra, al igual que la de la Piscina, podríamos enmarcarlas en la dinámica que se siguió en la época en la que el ladrillo era quien diseñaba las políticas "expansivas" de la administración. Esta obra, al igual que la del Aeropuerto de Castellón, las obras en el circuito de formula 1 de Valencia, el parque de las ciencias, la ciudad de la luz o las autopistas de Madrid, fueron decididas por políticos ( curiosamente del mismo signo político). Ahora, si cuando se examine el acuerdo de pleno se observa que el acuerdo fue adoptado con la participación de otros grupos a parte del gobernante, la responsabilidad es compartida.
Este tipo de asuntos son los que deberían hacer reflexionar a la ciudadanía sobre la"calidad" de los representantes que se elijen, pues sus "errores", los pagamos todos y todas, algo que, aunque no afecte de forma directa e inmediata a los bolsillos de la ciudadanía, si afecta a unos presupuestos sustentados por los impuestos que todos y todas pagamos. Esto, debería ser suficiente para exigir que, por ejemplo en el caso que nos ocupa, todos los que apoyaron el asunto, respondiesen asumiendo su responsabilidad. Evidentemente el amable lector pensará: ¿asumir su responsabilidad?, ¡nadie asume su responsabilidad!. Pues, esto, no significa más que, si no la asumen, y se les sigue apoyando en las urnas, la responsabilidad del despilfarro, de "sus" errores, los seguiremos pagando todos: los que les votan y los que no les votan.
Creo que no se puede justificar un error que va a costar dinero a la ciudadanía y que va en detrimento de otros posibles servicios que sí son imprescindibles. Considero que deberíamos exigir a los que comenten "errores" que los asuman, porque, ¿acaso si un ciudadano comete el "error" de no pagar sus impuestos, qué ocurre". Hagámonos la pregunta y tomemos conciencia de que no todo es justificable.
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