PROFESIONALES.

A algun@s políticos no se les conoce actividad económica al margen de las instituciones. Son, realmente, profesionales de la actividad institucional, mal definida como política ( la gestión de lo público es un ejercicio que en la mayoría de los casos no tiene mucho que ver con la acción política). L@s del PsoE quieren aplicar un régimen más duro de "incompatibilidades" en materia de salarios públicos, aunque con excepciones. Y esa excepción será aprovechada por la organización social liberal para hacer caja, porque sin lugar a dudas la interpretación de dicha excepción será "in extenso".
Es una forma de ingresar lo que han dejado de ingresar por los diferentes fiascos electorales así como por la bajada de militantes ( véase el caso del País Valenciano). Es un gesto que se venderá como renovación, cuando realmente no lo es.
El que la Ley de Régimen Local no establezca límite alguno para las remuneraciones de los cargos públicos es la expresión de un pacto de "facto" entre los dos partidos herederos de la democracia "orgánica". ambos, tanto con la Ley electoral como con el resto de normas aplicables al reparto del pastel, acordaron un pacto de no agresión pues, un día puedes estar tu ( pensaron).
La reforma de la administración local sí que es necesaria, pero no pasa por la supresión de la representación de los y las ciudadanas, sino con la introducción de mecanismos de elección directa y control ciudadano, así como con una norma salarial al igual que los y las trabajadores públicos. La responsabilidad no es una excusa para que los cargos públicos puedan cobrar del erario público. La población, su actividad profesional al margen de la institucional, y otros aspectos pueden servir como referencia ( así como el nivel de estudios e incluso, si se tuviese en cuenta, el número de votos obtenido en caso de que la elección pudiera ser de forma directa).
Lo cierto es que, más que profesionales de lo institucional, hay profesionales de "vivir del cuento". Y si no, que alguien me explique el porqué la gran mayoría de cargos públicos cuya responsabilidad es nula, su preparación inexistente, que nadie sabe cuantos o cuantas ciudadanos o ciudadanas le han votado se permiten la desvergüenza de vivir a costa del erario público.
Yo, personalmente, iría más allá: en poblaciones donde no sea realmente necesario ( ir a firmar o reunirse no es suficiente como para tener un salario de más de 42.000 euros, por ejemplo), los cargos públicos compaginasen su acción política ( así debiera definirse en este caso), con su trabajo. En caso de no tener trabajo, ya existe una cantidad de referencia: 640 del salario mínimo o 400 del subsidio.