L@s compañer@sde Esquerra Unida de Mutxamel ha denunciado la "falsa escuela infantilmunicipal" por no ser realmente un servicio público ( habrá que definir, otra vez, el concepto de servicio público) de acceso universal, al haberse sacado a concurso la explotación de una infraestructura construida con fondos públicos pero gestionada por una entidad privada ( sea cual sea la modalidad que ésta tenga).
Los Ayuntamiento, en general, no tienen problemas para contratar servicios a empresas privadas, con la sempiterna excusa de "abaratar costes", costes que normalmente recaen finalmente directa o indirectamente sobre los bolsillos de los contribuyentes. Y esto ni es malo ni bueno en principio, pero ¿ y quién no tiene medios para sufragar los servicios, qué pasa?. El caso de una escuela infantil es propicio para abrir el debate sobre los servicios a los sectores de la sociedad que más necesidades socio económicas tienen. De ahí que, en mi opinión, la gestión de determinados servicios públicos no es que solo sea una obligación sino que es un instrumento en manos de los gobiernos municipales para aplicar el concepto de redistribución: los impuestos los pagan todos los ciudadanos, pero hay sectores que precisan recibir un mayor aporte público para, en justicia, aplicar el concepto de igualdad en todo su sentido social.
Los servicios sociales, los servicios educativos, los servicios a la infancia o dirigidos a los Mayores son instrumentos de justicia social y no meras decisiones de gestión: el Ayuntamiento no es una empresa de servicios, es una administración pública que debe velar por el bienestar de la ciudadanía, fundamentalmente de quien más lo necesita.
Pongamos otro ejemplo: asfaltado de calles y construcción de alcantarillado. El Ayuntamiento tiene dos mecanismos ( además de las subvenciones públicas): o las financia a través del Presupuesto municipal directamente o a través de contribuciones especiales. ¿Sería justo que todas las zonas de un pueblo pagasen contribuciones especiales?. Definitivamente no. Seguramente en determinadas zonas las contribuciones especiales dotan de servicios básicos a través de la co financiación y en otras, de menor poder adquisitivo, se hace justicia siendo financiadas a través del Presupuesto municipal. Pongamos otro ejemplo: los servicios de mantenimiento. ¿Debe prestarlos directamente el Ayuntamiento o por contra debe cederlos a empresas contratadas. Personalmente tengo claro que éste tipo de servicios, además de ser fundamentales para la calidad de vida de la ciudadanía ( calles, aceras, edificios públicos, alumbrado, etc) son, como decía, un instrumento de justicia, pero en éste caso, como fuente de empleo. Y aquí entramos en las diferentes formas de gestionar los servicios: directamente, a través de contratos, a través de empresas públicas o (porqué no) a través del fomento del autoempleo y el cooperativismo local. En el caso que nos ocupa, y siempre teniendo en cuenta que el presupuesto municipal seguramente no podría asumir el montante del personal necesario para el mantenimiento de la escuela infantil, ¿porqué no se optó por una empresa municipal o por el fomento del cooperativismo entre profesionales de la localidad?.
Lo que es cierto es que el debate sobre la gestión de los servicios va a continuar hasta que las corporaciones no asuman su papel como intermediario social, como equilibrador de injusticias y como impulsor de medidas de autogestión social. Los y las concejales y concejalas no son "gestores", son políticos, y como tales deben afrontar su responsabilidad: representan una ideología , y ésta debe impregnar su trabajo político, pues de lo contrario la diferencia entre unos y otros se confirmará definitivamente como inexistente, y esto, es el fin de la política...¿ o acaso ya hemos dado por perdido cualquier compromiso ideológico que nos diferencie de los empresarios públicos aglutinados en torno a la extrema derecha política?.
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