La publicación de los datos
de desempleo juvenil y de los ciudadanos y ciudadanas que no perciben ningún
tipo de ayuda son aplastantes: entre 16 y 24 años, en la provincia de Alicante,
un 67,4 se encuentran parados y paradas. Esto, sumado a la cifra de dos
millones de personas, ciudadanos y ciudadanas que no perciben ningún tipo de
percepción son datos que aplastan las microcifras de crecimiento macroenómico
que el gobierno maneja y utiliza para convencer a la opinión pública de que lo
peor ya ha pasado: lo peor está por venir.
Las cifras que manejan los
organismos internacionales ( los mismos que imponen medidas económicas al
Estado Español) indican que, más allá de 2018 la cifra de desempleados y
desempleadas seguirá siendo superior al…¡25%! ( más de cinco millones de
personas). La pregunta es obvia: ¿estamos saliendo de la crisis?.
El contraste permanente de
las cifras macroeconómicas con la realidad plantean un escenario dramático que
el gobierno afronta con propaganda y discurso. Propaganda y discurso cuyo único
objetivo es mantener y consolidar el estado de ánimo resignado (a la vez que
esperanzado) de la sociedad. Y junto a esto, las cifras de lo que se denomina
la economía real, chocan una y otra vez con esa propaganda, pero sin que sirvan
de detonante a una rebelión social. Los porqués de la no rebelión ya han sido
analizados por los expertos y analistas, llegando a las conclusiones que todos
y todas conocemos: la solidaridad familiar, el entramado asistencial privado,
la economía sumergida, etc. Pero, ¿es posible el mantenimiento de esta situación?.
La respuesta, para la gran “mayoría silenciosa” parece ser que es, que sí.
En el ámbito de la política
local cabría una pregunta: ¿se puede hacer algo?. Las respuestas son de todo
tipo y para todos los gustos ( o intereses).
En el caso de El Campello,
nada se ha hecho desde la precipitación al vacío de uno de los principales
recursos económicos coyunturales ( la construcción). Medidas propagandísticas
de escasa o nula incidencia en la realidad local. Ahora, la esperanza de los
que tienen la responsabilidad del gobierno municipal parece centrarse en la
futura Universidad privada como posible motor de una actividad económica, por
supuesto, siempre basada en los servicios.
Las opiniones de los que,
como yo, creemos que el papel de un Ayuntamiento debería ser mucho más activo (
incluso de liderazgo) son, o minoritarias o simplemente testimoniales. No
obstante, considero que es preciso volver a plantearlas, desde la necesidad de
buscar soluciones a un problema que, de lo contrario, se convertirá en
estructural y, por consiguiente, de difícil solución.
La promoción del empleo y
el autoempleo es una prioridad municipal, más allá de la ejecución puntual de
obras de mantenimiento o programas temporales de ocio. La realización de un
estudio de la población, donde se plasme, no solo el número de parados y
paradas, las franjas sociales más afectadas, los ingresos medios y los medios
de subsistencia son un dato necesario. A partir de ahí, el diseño de políticas
de formación y ocupación debería ocupar a los políticos que, temporalmente nos
representan.
Solo un dato: si el
Ayuntamiento destinase el presupuesto que en la actualidad destina al abono de
horas extras y productividades, ¿Cuántos empleos directos de jornada completa e
incluso a tiempo parcial podrían crearse de forma directa?. ¿Si la alternativa
a la privatización de servicios fuese el impulso de la formación y el
autoempleo, con compromiso de contratación, cuántos empleos podrían crearse?.
¿Si el voluntaridado se transformase en empleo social, cuántos empleos podrían
crearse?, ¿si se invirtiese en servicios sociales a la comunidad, cuantos
empleos podrían crearse?
Es una obviedad pero, si
los y las trabajadores ingresan un salario, la lógica de la economía nos dice
que ese salario circularía, beneficiando al débil tejido comercial local: el
consumo como elemento para el impulso de la economía es un clásico que parece
que no desea valorarse. Por el contrario se sigue “confiando” en el sector turístico
como única vía para la creación de empleo aunque éste sea temporal y de muy
baja calidad.
Creo que es necesaria una
reflexión política sobre el qué y el para qué de nuestra representación política.
Además de gestionar los recursos públicos hay que preguntarse no solo la
eficiencia, sino la rentabilidad social de esa gestión ( que, en definitiva son
decisiones políticas cargadas de ideología, por lo que ese debate ideológico
tiene un papel fundamental en cuanto a objetivos y medios).
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