El pasado 20 de enero tuvo lugar una sesión especial en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para la discusión del proyecto de informe "sobre el impacto de la urbanización extensiva en España, en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario" cuya ponente es la eurodiputada Margrete Auken.
Dicho informe, amparándose en el derecho de reclamación que tienen los ciudadanos europeos, condena la especulación inmobiliaria que ha sufrido de modo masivo durante estos últimos años la costa española, más concretamente el área mediterránea, y que ha causado daños irreparables a su biodiversidad y su integridad medioambiental. Ha sido realizado a partir de las numerosas quejas recibidas por los ciudadanos y considera que hay grandes deficiencias legales en la gestión municipal del urbanismo en España que violan las normas del derecho comunitario sobre contratos urbanísticos, derechos de la propiedad y normativas ambientales.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se pide a las autoridades españolas competentes que pongan freno a la barbarie especulativa llegando a exigir una moratoria de todos los planes urbanísticos que no respeten la sostenibilidad medioambiental, la propiedad legítima de los bienes y las disposiciones en materia de agua y medioambiente. Incluso llega a proponer la interrupción de la provisión de fondos estructurales y de cohesión si España no se adecuara a las normativas vigentes europeas con respecto a este asunto.
La intervención de la defensora del pueblo de la Comunidad Valenciana:
En la reunión estuvieron presentes numerosos peticionarios, representantes del gobierno autonómico, así como representantes de los distintos sectores, entre ellos la Defensora del Pueblo de la Comunidad Valenciana, Sra. Emilia Caballero, quien intervino en la sesión.
En su discurso señaló las principales cuestiones que han sido objeto de queja ante la Defensoría del Pueblo de la Comunidad de Valencia durante 2008 y propuso cinco medidas que deben ser tomadas en cuenta por las autoridades competentes para terminar de una vez por todas con el incumplimiento generalizado de los derechos urbanísticos y medioambientales en la Comunidad:
- la protección del derecho de propiedad y la delimitación del contenido del "interés general" de los proyectos urbanísticos.
- el acceso a la información y la participación ciudadana en los procesos de elaboración de planes urbanísticos y evaluaciones de impacto medioambiental.
- la protección del medio ambiente debe condicionar y limitar el desarrollo y ejecución de todos los planes y proyectos urbanísticos.
- la aprobación de proyectos urbanísticos debe tener garantizada la existencia de agua suficiente para atender las nuevas necesidades.
- las actuaciones urbanizadoras de mayor envergadura e impacto ambiental, que producen una mutación radical del modelo territorial, deben provocar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
La intervención del eurodiputado Garcés
El diputado europeo Vicent Garcés también intervino durante la sesión, en la que mostró su agradecimiento a los ciudadanos que han presentado sus quejas, denuncias y propuestas sobre distintos temas que les afectan en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
Para Garcés la declaración de la señora Caballero "será muy útil de cara a la preparación de enmiendas para mejorar el informe Auken". Informe que a su juicio "era necesario realizar porque habían llegado grandes cantidades de quejas de ciudadanos valencianos respecto a posibles abusos urbanísticos cometidos". Y también "debido al incumplimiento por parte de determinadas iniciativas urbanísticas en relación con el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, suministro y calidad de las aguas y el respeto a los procedimientos de contratación pública".
El eurodiputado Garcés ha señalado que "es un informe que se puede y se debe mejorar en el trámite de enmiendas para tratar de conseguir un acuerdo en el Parlamento Europeo que signifique un impulso para mejorar las practicas urbanísticas en el conjunto de la UE".
El plazo para la presentación de enmiendas terminó el pasado 27 de enero y la votación de las mismas tendrá lugar los días 11 y 12 de febrero en la próxima reunión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Se prevé que el informe se lleve a votación en la sesión plenaria de la segunda semana de marzo en Estrasburgo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario