POR PURA RACIONALIDAD.

Es necesario abrir un debate en la sociedad que compense el discurso reaccionario sobre la “insostenibilidad de la actual estructura autonómica”. Es necesario que la sociedad reflexiones sobre lo inmediato, y esto es: Ayuntamientos y Diputaciones provinciales.

El discurso institucional insiste en que los Ayuntamientos son las “administraciones más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas” pero no incide en la duplicidad de competencias ni la multiplicación del gasto que supone el anacronismo en cuanto a la existencia de las Diputaciones Provinciales. Esto órganos, en el pasado dedicados a ser “Ayuntamiento de Ayuntamientos” se han transformado en un órgano departidos de prebendas y subvenciones varias teniendo como criterio básico el color político e incluso la afinidad sectorial con el líder del partido en la provincia. Por otro lado, el gasto en personal político y afines se ha disparado convirtiéndose en un lastre para el desarrollo de políticas coordinadas en materia de infraestructuras y servicios.

Los Ayuntamientos compiten desaforadamente ( el ejemplo lo tenemos en los diferentes programas electorales que los partidos políticos presentaron a la ciudadanía hace poco más de un mes) por crear, construir, fomentar, potenciar, etc, sin tener en cuenta que muchas de sus propuestas son idénticas a las que hacen sus colegas en el pueblo de al lado. Sin tener en cuenta que existen vías para racionalizar la inversión y multiplicar la incidencia de los programas sociales y de empleo. La necesidad de “mirarse el ombligo” es un debe en los partidos locales que deben subsanar con urgencia. Y a este debe se suma la existencia de las Diputaciones.

Existen otro tipo de entidades de ámbito local: consorcios ( aguas residuales, bomberos, etc), mancomunidades de municipios, Consejos metropolitanos, etc. La descentralización era el objetivo paralelamente a compartir gastos. Y estos entes también deben revisarse. Y se debe hacer siguiendo la lógica de la eficacia en la prestación de servicios, en la agilidad en la resolución de problemas y con la vista puesta en la ciudadanía de un ámbito más amplio que la propia localidad. Evidentemente es una apuesta que configura un nuevo ( viejo) escenario reivindicativo en cuanto a  la misma estructura territorial: la comarca ( la comarcalización).

Los entes locales menores deberían ir, de forma progresiva y sin fracturas y tensiones innecesarias, ir asumiendo competencias y fondos que en la actualidad mal gestionan las Diputaciones. La transferencia de personal a los Ayuntamientos ( conjuntamente con su financiación) es la medida final para que los hoy edificios de las diputaciones puedan convertirse a medio plazo en órganos de gobierno de las Comarcas en un Consejo intercomarcal que aglutine a representantes ( estos sí elegidos democráticamente y no como los Diputados provinciales que son designados por los Concejales de entre los Concejales) de las diferentes comarcas con un evidente avance de la democracia local y, por ende, de la representatividad ciudadana.

Esta claro que esta propuesta de reestructuración institucional debe ir acompañada de un programa, de un guión de trabajo que dote de contenido la nueva organización y, definitivamente priorice los intereses inmediatos y cotidianos de la ciudadanía. Y para ello, la reforma debe alcanza igualmente a los partidos políticos, colgando los intereses partidarios y personales en el perchero , y asumiendo que, o se produce una reconstrucción basada en la democracia o simplemente se perderá definitivamente el papel articulador de la sociedad que la misma Constitución le atribuye.