En las últimas semanas, la cantidad de barbaridades que han salido desde la caverna mediática y política que apoya al Partido Popular ha llegado a tal desvarío que confirman el deficiente funcionamiento de los servicios de salud mental de este país, pues está claro que hay muchas personas que no están siendo tratadas clínicamente como merecen. Se ha dado certificado de veracidad a las actas elaboradas unilateralmente por una organización terrorista, se ha dicho que es mejor caer en manos de un comando etarra que en las de Rubalcaba, que el gobierno es cómplice y compañero de viaje de ETA, que hay pactos entre ambos que necesariamente terminarán con la presentación de ETA a las elecciones, todo ello con el simple objetivo de intentar dinamitar la imagen del vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los políticos mejor valorados por la población y el rector de la política que ha llevado a la banda armada a las horas más bajas de su historia, casi al límite de su desaparición, hecho impensable hace unos años.
En 1998, dos años después de ganar las elecciones y de enterar a la nación de que hablaba catalán en la intimidad y euskera cuando jugaba al padel, José María Aznar dio órdenes para abrir un periodo de negociaciones con lo que él llamo Movimiento Vasco de Liberación Nacional, o sea ETA. Poco después, la organización criminal afirmó que no se alcanzaría la paz mientras el País Vasco no fuese independiente y que seguiría abasteciéndose, ante lo que el visionario líder del Partido Popular de España y parte del extranjero respondía que se actuaría con amplitud de miras y generosidad porque había llegado la hora de la verdad. Durante la tregua de 1998 y 1999, los grupos violentos próximos a ETA protagonizaron –para demostrar hasta qué punto estaban por la paz- más de 850 actos de kale-borroka, incendiando coches, cajeros, material urbano, lanzando cócteles molotov, quemando sedes de partidos políticos y coaccionando la libertad y los derechos de las personas. Pese a ello, José María Aznar, Mariano Rajoy, Mayor Oreja y el resto del gobierno de entonces, decidió continuar las negociaciones, enviado a Suiza para seguir con ellas a Javier Zarzalejos, Martín Fluxa y Pedro Arriola, el sociólogo que según parece diseña la estrategia a seguir por los dirigentes populares. Nadie, absolutamente nadie desde los escaños del Parlamento español, acusó al Partido Popular de plegarse a las peticiones de ETA, de ser su cómplice ni de poner en peligro el Estado de Derecho, todo lo contrario, el Gobierno Aznar tuvo un cheque en blanco de todas las fuerzas política para que esas negociaciones terminasen felizmente.
Se acabó la tregua y ETA volvió a lo que mejor sabe hacer, matar. Comenzó entonces a hablarse de la necesidad de crear una ley que impidiese concurrir a las elecciones y obtener fondos públicos a aquellos partidos que apoyasen la violencia, en clara referencia a Herri Batasuna y su mundo. El 27 de junio de 2002, trescientos diputados aprobaban en el Congreso la Ley de Partidos, una ley que según Sus Señorías pretendía garantizar el buen funcionamiento del sistema democrático, “impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas”. Somos muchos quienes nos opusimos y seguimos oponiéndonos a esa ley porque creemos que para los delitos basta y sobra con el código penal, porque las leyes especiales, y esta lo es según Amnistía Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pueden ser usadas de modo arbitrario y son una anomalía dentro del ordenamiento jurídico de una democracia. Sin embargo, la ley está hecha y mientras no se derogue, que esperamos sea pronto, hay que cumplirla.
En una actitud sin precedentes en nuestro país, el Partido Popular intentó por todos los medios –recuerden las acusaciones de los dirigentes populares, las manifestaciones de la AVT y las burradas que se decían en los medios afines- que las negociaciones entre el gobierno Zapatero y la organización terrorista no se celebrasen, en la supuesta creencia de que si entonces se lograba la paz habría gobierno socialista para rato. El día 11 de mayo de 2005, cuando se preparaban las negociaciones, Mariano Rajoy, con la moderación, la agudeza y el patriotismo que le caracterizan, dijo en el Congreso que Zapatero se había propuesto cambiar la dirección “traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento". Seis días después –para entonces ya habían montado la infamia sobre los atentados del 11 de marzo-, concretamente el 17 de mayo, el Parlamento autorizaba al Gobierno para que negociase la paz definitiva con los terroristas sin los votos del PP. El 25 de febrero de 2006, en plenas negociaciones, la AVT de Alcaraz convocó una manifestación contra todo, contra las negociaciones, contra el nuevo Estatuto catalán, contra la ley de memoria histórica y contra los Sioux, tribu india que amenazaba con asentarse en el madrileño barrio de Chamberí. A la manifestación, llena de banderas fascistas anticonstitucionales, acudió José María Aznar, Mariano Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón, Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Ana Botella y Esperanza Aguirre, cuyos servicios policiales dijeron que había sido la mayor manifestación de la historia mundial con un millón cuatrocientos mil asistentes o más. En ese ambiente de unidad y colaboración transcurrió el diálogo con los pistoleros, que pusieron fin al mismo tras el trágico atentado de Barajas el 30 de diciembre de 2006. Después, a través del Jerry Adams y otros intermediarios internacionales, como era su deber, el gobierno continuó tomando el pulso a los terroristas pero sin cesiones de ningún tipo. De hecho, por primera vez, las negociaciones emprendidas por Zapatero consiguieron que ETA no se rearmara ni aumentase sus filas, produciéndose tras el final de la tregua la práctica desarticulación de la banda, cosa que a algunos parece no agradar demasiado.
Pero no se reduce sólo a las negociaciones con ETA la actitud excéntrica del PP. Antes de las elecciones autonómicas catalanas, Alicia Sánchez Camacho, jefa del partido en Cataluña, repartió un díptico en Badalona en el que relacionaba inmigración y delincuencia, en él se veían a unos ciudadanos rumanos y se preguntaba si había seguridad en la ciudad. Por su parte, el candidato popular a esa Alcaldía, García Albiol, prometía mano dura y presión policial para los inmigrantes, alegando que una parte de los extranjeros que vienen a residir a España lo hacen “para delinquir, robar, hacer la vida imposible a los vecinos y aprovecharse del sistema de ayudas". En ese contexto y también desde Cataluña, Mariano Rajoy hablaba del contrato de integración, un documento que obliga a los extranjeros que viven en España a “cumplir las leyes, a respetar las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos, a trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y a regresar a su país si durante un tiempo no encuentran empleo", olvidándose que eso también lo tienen que hacer los españoles, salvo lo de regresar a su país porque, para bien o para mal, no tenemos otro.
En cuanto a la violencia, el Partido Popular no ha condenado el genocidio franquista, el más extenso e intenso periodo de terror de la historia contemporánea de España. En sus filas militan muchos admiradores de ese régimen criminal lo que hace de la democracia española una “rara avis” dentro del panorama político europeo porque en ningún país de nuestro entorno la alternativa política conservadora se pasea gozosa entre banderas hitlerianas o mussolinianas ni se ha negado a condenar por activa y por pasiva a Hitler y Mussolini. Y es por eso, y por otras muchas cosas más que harían de este artículo una guía de teléfonos, que pregunto a quién lo sepa si cumple el Partido Popular con los requisitos exigidos por la Ley de Partidos.
http://www.cadenaser.com/articulo/espana/marea/banderas/espanolas/Colon/csrcsrpor/20060610csrcsrnac_8/Tes/
En 1998, dos años después de ganar las elecciones y de enterar a la nación de que hablaba catalán en la intimidad y euskera cuando jugaba al padel, José María Aznar dio órdenes para abrir un periodo de negociaciones con lo que él llamo Movimiento Vasco de Liberación Nacional, o sea ETA. Poco después, la organización criminal afirmó que no se alcanzaría la paz mientras el País Vasco no fuese independiente y que seguiría abasteciéndose, ante lo que el visionario líder del Partido Popular de España y parte del extranjero respondía que se actuaría con amplitud de miras y generosidad porque había llegado la hora de la verdad. Durante la tregua de 1998 y 1999, los grupos violentos próximos a ETA protagonizaron –para demostrar hasta qué punto estaban por la paz- más de 850 actos de kale-borroka, incendiando coches, cajeros, material urbano, lanzando cócteles molotov, quemando sedes de partidos políticos y coaccionando la libertad y los derechos de las personas. Pese a ello, José María Aznar, Mariano Rajoy, Mayor Oreja y el resto del gobierno de entonces, decidió continuar las negociaciones, enviado a Suiza para seguir con ellas a Javier Zarzalejos, Martín Fluxa y Pedro Arriola, el sociólogo que según parece diseña la estrategia a seguir por los dirigentes populares. Nadie, absolutamente nadie desde los escaños del Parlamento español, acusó al Partido Popular de plegarse a las peticiones de ETA, de ser su cómplice ni de poner en peligro el Estado de Derecho, todo lo contrario, el Gobierno Aznar tuvo un cheque en blanco de todas las fuerzas política para que esas negociaciones terminasen felizmente.
Se acabó la tregua y ETA volvió a lo que mejor sabe hacer, matar. Comenzó entonces a hablarse de la necesidad de crear una ley que impidiese concurrir a las elecciones y obtener fondos públicos a aquellos partidos que apoyasen la violencia, en clara referencia a Herri Batasuna y su mundo. El 27 de junio de 2002, trescientos diputados aprobaban en el Congreso la Ley de Partidos, una ley que según Sus Señorías pretendía garantizar el buen funcionamiento del sistema democrático, “impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas”. Somos muchos quienes nos opusimos y seguimos oponiéndonos a esa ley porque creemos que para los delitos basta y sobra con el código penal, porque las leyes especiales, y esta lo es según Amnistía Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pueden ser usadas de modo arbitrario y son una anomalía dentro del ordenamiento jurídico de una democracia. Sin embargo, la ley está hecha y mientras no se derogue, que esperamos sea pronto, hay que cumplirla.
En una actitud sin precedentes en nuestro país, el Partido Popular intentó por todos los medios –recuerden las acusaciones de los dirigentes populares, las manifestaciones de la AVT y las burradas que se decían en los medios afines- que las negociaciones entre el gobierno Zapatero y la organización terrorista no se celebrasen, en la supuesta creencia de que si entonces se lograba la paz habría gobierno socialista para rato. El día 11 de mayo de 2005, cuando se preparaban las negociaciones, Mariano Rajoy, con la moderación, la agudeza y el patriotismo que le caracterizan, dijo en el Congreso que Zapatero se había propuesto cambiar la dirección “traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento". Seis días después –para entonces ya habían montado la infamia sobre los atentados del 11 de marzo-, concretamente el 17 de mayo, el Parlamento autorizaba al Gobierno para que negociase la paz definitiva con los terroristas sin los votos del PP. El 25 de febrero de 2006, en plenas negociaciones, la AVT de Alcaraz convocó una manifestación contra todo, contra las negociaciones, contra el nuevo Estatuto catalán, contra la ley de memoria histórica y contra los Sioux, tribu india que amenazaba con asentarse en el madrileño barrio de Chamberí. A la manifestación, llena de banderas fascistas anticonstitucionales, acudió José María Aznar, Mariano Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón, Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Ana Botella y Esperanza Aguirre, cuyos servicios policiales dijeron que había sido la mayor manifestación de la historia mundial con un millón cuatrocientos mil asistentes o más. En ese ambiente de unidad y colaboración transcurrió el diálogo con los pistoleros, que pusieron fin al mismo tras el trágico atentado de Barajas el 30 de diciembre de 2006. Después, a través del Jerry Adams y otros intermediarios internacionales, como era su deber, el gobierno continuó tomando el pulso a los terroristas pero sin cesiones de ningún tipo. De hecho, por primera vez, las negociaciones emprendidas por Zapatero consiguieron que ETA no se rearmara ni aumentase sus filas, produciéndose tras el final de la tregua la práctica desarticulación de la banda, cosa que a algunos parece no agradar demasiado.
Pero no se reduce sólo a las negociaciones con ETA la actitud excéntrica del PP. Antes de las elecciones autonómicas catalanas, Alicia Sánchez Camacho, jefa del partido en Cataluña, repartió un díptico en Badalona en el que relacionaba inmigración y delincuencia, en él se veían a unos ciudadanos rumanos y se preguntaba si había seguridad en la ciudad. Por su parte, el candidato popular a esa Alcaldía, García Albiol, prometía mano dura y presión policial para los inmigrantes, alegando que una parte de los extranjeros que vienen a residir a España lo hacen “para delinquir, robar, hacer la vida imposible a los vecinos y aprovecharse del sistema de ayudas". En ese contexto y también desde Cataluña, Mariano Rajoy hablaba del contrato de integración, un documento que obliga a los extranjeros que viven en España a “cumplir las leyes, a respetar las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos, a trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y a regresar a su país si durante un tiempo no encuentran empleo", olvidándose que eso también lo tienen que hacer los españoles, salvo lo de regresar a su país porque, para bien o para mal, no tenemos otro.
En cuanto a la violencia, el Partido Popular no ha condenado el genocidio franquista, el más extenso e intenso periodo de terror de la historia contemporánea de España. En sus filas militan muchos admiradores de ese régimen criminal lo que hace de la democracia española una “rara avis” dentro del panorama político europeo porque en ningún país de nuestro entorno la alternativa política conservadora se pasea gozosa entre banderas hitlerianas o mussolinianas ni se ha negado a condenar por activa y por pasiva a Hitler y Mussolini. Y es por eso, y por otras muchas cosas más que harían de este artículo una guía de teléfonos, que pregunto a quién lo sepa si cumple el Partido Popular con los requisitos exigidos por la Ley de Partidos.
http://www.cadenaser.com/articulo/espana/marea/banderas/espanolas/Colon/csrcsrpor/20060610csrcsrnac_8/Tes/
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