EMPLEO SUMERGIDO.

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda ha venido incidiéndo puntualmente sobre la necesidad de controlar la economía sumergida, pero no solo el empleo ( que también), sino el "trapicheo financiero". Para ello ha propuesta actuaciones concretas que, hasta hoy, no habian sido tenidas en cuenta por el Gobierno, emperrado en aplicar las recetas que le dictaba el FMI y el resto de complices de la rapiña capitalista.

El Gobierno ha aprobado el Plan contra el empleo sumergido pero no acomete una reforma fiscal y una lucha contundente contra el fraude fiscal y financiero. Y no digo yo que no tenga que aflorar el empleo sumergido ( empleo al que el sistema condena a los "expulsados y expulsadas" como sistema de supervivencia) pero también tocaría, antes de finalizar 2011 abordar una reforma fiscal en consonancia con lo que dispone ese documento al que se hace tanta referencia pero que pasa desapercibido cuando no interesa: LA CONSTITUCIÓN (Artículo 31.1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio)

La cuestión del empleo sumergido no es valadí, pues incide directamente en el enriquecimiento injusto y fraudulento de empresarios sin excrupulos que, aprovechándose de la difícil situación, obtienen pingües beneficios a costa de los derechos de unos trabajadores y trabajadoras cuya visión del futuro no va más allá del momento, sin pensar en la repercusión que tendrá para ellos y ellas, para las generaciones futuras y para el sistema de bienestar, que el trabajo que realizan no tribute. Pero al igual que a los poseedores de cuentas opacas en paraisos a los que se les ofrecieron todas las facilidades para "actualizar" si situación tributaria, espero que, en todo caso, el peso de las medidas caigan contra los empresarios sin excrupulos y sus patrimonios y no sobre los y las trabajadores y trabajadoras.