Islandia aún ocupaba entonces el primer lugar en el Índice de desarrollo humano pero estaba entrando en una etapa convulsa producida por la avaricia y sin razón del gobierno conservador y de los bancos islandeses que, además, se empeñaban en que el pueblo pagase sus platos rotos.
Pero, en contra de todas las previsiones, el pueblo islandés no se conformó con el expolio y derrocó a golpe de cacerolada a su gobierno ultraliberal en enero de 2009, y lo sustituyó por un gobierno de coalición de izquierda que tomó ciertas medidas que podemos considerar como revolucionarias.
En marzo de 2010 se sometió a referéndum la socialización de las deudas de los bancos exigida por el FMI y los deudores externos de Islandia, siendo ésta rechazada por el 93% de la población, lo que llevó al FMI a congelar su plan de ayudas. Igualmente, se ha iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis.
En la actualidad, se está preparando una nueva constitución a través de una asamblea popular, algo que un país de 300.000 habitantes puede permitirse, y se trabaja igualmente en un marco jurídico destinado a la protección de la libertad de información y de expresión para garantizar la transparencia informativa del periodismo de investigación de todo el mundo. Ellos saben mejor que nadie a dónde lleva la información sesgada orientada a hacer creer que intereses particulares son los de toda la sociedad.
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