gubernamentales, la sociedad civil en su conjunto, establezcan plataformas, programas y movilizaciones que permitan combatir eficazmente esta injusta y depredadora situación." "La inversión competitiva y una reforma fiscal progresiva constituyen reivindicaciones irrenunciables para los sindicatos, base además, para la necesaria mejora salarial."
Manuel Moret. ATTAC-PV
El pre-acuerdo sobre pensiones al que los dos sindicatos mayoritarios han dado su conformidad, es el primero de una serie de ellos en los que van a participar, con la intención de colaborar a sacar al país de la grave situación en la que se encuentra. Las políticas activas de generación de empleo, la negociación colectiva y la introducción de algunos cambios en la ya aprobada reforma laboral, así como la política energética, la industrial y de prestaciones públicas, constituyen también piezas clave del Pacto Social que se está discutiendo.
La actitud adoptada por ambos sindicatos está suscitando reacciones contrarias en distintos ámbitos de la izquierda, acusándoles de incoherencia y entreguismo a un gobierno del que se dice ser presa del chantaje de los mercados. Con chantaje o sin él, la cuestión es seria, pues se trata de aclarar en definitiva si es positivo o no comprometerse con el país para sacarlo adelante. Es decir, si es la hora de pasar de la retórica ideológica a la comprometedora y arriesgada actitud de querer cambiar las cosas.
Porque si como parece, los cambios súbitos ni son fáciles ni posibles ante la ausencia de una mayoria social suficiente que permita acometerlos, la disyuntiva es sencilla: o se adopta una posición resistencial y combativa o se entra con firmeza a negociar defendiendo posiciones de progreso que permitan avanzar hacia nuevos horizontes de esperanza.
Conviene que no nos engañemos a nosotros mismos.
En primer lugar, fijémonos dónde nos encontramos: un espacio económico europeo - del que no resulta fácil, ni conveniente, salirse- dominado por un neoliberalismo que ha laminado la economía productiva y hundido el crecimiento y el empleo. Por eso Attac, lo combate proponiendo otra forma de construir Europa: con mucha más democracia, mayor solidaridad, más cohesión social, con una política económica común sostenible y una fiscalidad armonizada, progresiva y transparente, que garantice un continuo desarrollo del estado del bienestar.
Pero eso es imposible mientras no se cambie la actual correlación política en Europa. De los 27 estados que la componen, tan solo tres –y no precisamente los más fuertes- tienen gobiernos de centro-izquierda, y los restantes – entre los que se encuentran los más poderosos- están gobernados por la derecha neoliberal, cuando no reaccionaria o euro-escéptica. El resultado a la vista está: imponen las políticas que mejor sirven sus intereses nacionales y de las que resulta difícil escaparse. Primera conclusión que se deriva de la situación descrita: o las luchas adquieren una dimensión europea, o solo desde un estado en solitario, será imposible modificar radicalmente las cosas. Eso hace necesario que las izquierdas europeas, los movimientos sociales, los sindicatos de clase, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil en su conjunto, establezcan plataformas, programas y movilizaciones que permitan combatir eficazmente esta injusta y depredadora situación.
En segundo lugar es preciso situarse en la realidad de nuestro país, que además de las consecuencias de formar parte de ese espacio, padece gravísimos problemas estructurales. Veamos.
Durante décadas, España ha estado viviendo por encima de sus posibilidades. Los recursos que el conjunto de nuestra economía genera, son sensiblemente inferiores a los que se necesitan para mantener un determinado nivel de crecimiento. Por tanto, esas necesidades de financiación han tenido que venir del exterior, y gracias a ellas, han podido mantenerse niveles de empleo similares a los de Europa. De no haber sido así, nuestro crecimiento hubiera sido mucho menor y bastante mayor nuestro desempleo. La burbuja inmobiliaria estalló, dejando a su paso un stock de viviendas invendibles, millones de parados, una monumental deuda de la banca española con el exterior, crisis de liquidez y credibilidad y estancamiento de nuestra economía. Por eso son inaplazables reformas estructurales que corrijan esta situación. No es posible seguir así. Un ejemplo: mientras la industria alemana supone más de 27% de su PIB, o la francesa que supera el 23% del suyo, la industria española representaba en 2007 tan solo el 14% de nuestro PIB. Y sabemos por experiencias históricas que la industria en general es la que más valor añadido genera y mejor estabiliza el crecimiento y el empleo.
Sabemos que el estado del bienestar no sale gratis. Su coste se financia con cargo a los ingresos del estado, cuya parte principal debería obtenerse gravando las plusvalías fruto de la sabia combinación entre trabajo, tecnología e innovación. Por tanto, la calidad de los servicios públicos que el estado preste, dependerá del nivel de la productividad global de nuestra economía. Por eso nos debe preocupar -y mucho- el diferencial que mantenemos con respecto a la Europa de los 15, pues tanto la productividad por empleado, como la productividad total de los factores (PTF), en 2007 ya quedaban ambas alejadas de las de la UM. En efecto. Si respecto a la primera la media europea era 100, en España no se superaba el 88%, y en cuanto a la PTF, su valor medio en la UM era 1, y en nuestro país tan solo valía 0,5. Esta debilidad competitiva no puede mantenerse por más tiempo, pues o se corrige o el tímido crecimiento será incapaz de sacarnos del marasmo del paro que padecemos. La inversión competitiva y una reforma fiscal progresiva constituyen reivindicaciones irrenunciables para los sindicatos, base además, para la necesaria mejora salarial.
Sin liquidez financiera nada de todo esto será posible. Empresas y familias la necesitan como agua de mayo. Es decir, necesitamos que el crédito fluya. Mientras no generemos suficiente ahorro neto, tendrá que seguir viniendo del exterior. De ahí la necesidad de que ofrezcamos como país la suficiente confianza –tanto por nuestras cuentas públicas como por solvencia de nuestras empresas- para captar recursos que vayan al sistema financiero español, y los mercados financieros adquieran los títulos que nuestro estado necesita colocar para mantener nuestras cuentas públicas. Y es en este contexto donde cabe situar la actual reforma del sistema público de pensiones. Reforma que persigue un doble efecto: garantizar las pensiones en el futuro y contribuir hoy a incrementar esa confianza de país. (Por cierto, no conviene olvidar que cuando entre en vigor dicha reforma -creo que en 2027-, serán objeto de revisión quinquenal todos los parámetros en los que ésta se ha basado).
Por todo ello creo que en lugar de descalificar a UGT y a CC.OO. por el riesgo que han asumido, deberíamos reconocerles su enorme responsabilidad al haber rescatado la dinámica del diálogo social, poniéndola una vez más al servicio del futuro de nuestro país y especialmente al de nuestras trabajadoras y trabajadores activos y pasivos.
Manuel Moret Gomez.
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