Y esa intranquilidad deviene no tanto porque la sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal obligue al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán a pagarle en un mes a la empresa Aroa los 600.000 que le adeuda desde hace más de once años por la ejecución de varias obras —entre ellas la construcción de la nueva casa Consistorial— sino porque hace una advertencia clara a su alcalde y al secretario de la Corporación: si no pagan en un mes tendrán que responder con su patrimonio.
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