En 2008, el mercado hipotecario norteamericano implosionó bajo el lastre de gigantescas deudas impagables, desencadenando una fulminante quiebra del sistema financiero internacional. En 2009, la onda expansiva de la crisis rebasó los límites del sistema financiero para contagiarse al conjunto del sistema económico, provocando ingentes destrozos en términos de consumo, productividad y empleo de una punta a la otra del planeta. Y 2010 ha sido el año de la crisis política. El año del estrepitoso fracaso de la acción política multilateral para contener la propagación de la catástrofe, y del completo doblegamiento de los Estados ante el envite de unos mercados financieros que han pasado, de ser amenazados con la implementación de una fuerte regulación sobre sus actividades especulativas, a imponer a los poderes públicos unas políticas económicas renovadamente agresivas en su propio provecho, forzando el desmantelando de servicios públicos para abrir nuevos yacimientos de negocio a costa de derechos sociales de cobertura universal garantizada (pensiones, educación, sanidad…) y la redefinición de las relaciones entre capital y trabajo en dirección a un salvaje incremento en las tasas de explotación laboral.
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