He leído una noticia que venía a decir algo así como que muchos Ayuntamientos están al borde de la bancarrota o inmersos en ella. Es necesario analizar con tranquilidad el presente y futuro de los Ayuntamientos partiendo de dos premisas: la insostenibilidad de la estructura administrativo política y los servicios prestados que son competencia de otras administraciones y la consiguiente deuda que ello genera.
En primer lugar, no se escapa a nadie que en la gran mayoría de Ayuntamientos de mediano o gran tamaño los salarios de los políticos, el número de asesores y/o personal de confianza, los nombramientos en organismos autónomos de más personal de confianza o libre designación, los sobresueldos de determinados grupos y gastos incontrolados en cuestiones innecesarias lastran abiertamente las arcas municipales. Todo esto, unido a la prestación de servicios de titularidad en su mayoría autonómica, dibujan un horizonte negro, de quiebra y de ruina municipal.
Los Ayuntamientos precisan de líneas de financiación claras que no han sido tenidos en cuenta suficientemente en el pasado debate sobre la financiación autonómica. Líneas directas que ayuden a cubrir servicios y mejorarlos, descentralización de programas y, evidentemente, de sus presupuestos. Todo esto, junto con la racionalización de los recursos y la legislación normativa sobre salarios de cargos públicos y la contratación de personal de confianza podría ayudar en gran medida a recuperar la normalidad financiera de los Ayuntamientos.
Cuestiones como: límites a los salarios y dedicaciones, limitaciones estrictas en la contratación de personal de confianza, la regulación del concepto de productividad ( en la actualidad en manos de los Alcaldes con el consiguiente peligro más que evidente de abuso indiscriminado), y la coordinación con otros municipios para la prestación de determinados servicios y la creación de infraestructuras de uso y mantenimiento común, son otro de los aspectos que hay que tener en cuenta.
Ayer indicaba la necesidad de potenciar mancomunidades y consorcios, restándole competencias y fondos a las ineficaces diputaciones provinciales. Todo ello conforma una necesaria reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, recogiendo todas las cuestiones que incidan en la racionalidad y la eficacia de las administraciones locales.
Un ejemplo claro es el Ayuntamiento de El Campello. De once Concejales del equipo de Gobierno, diez disfrutan de dedicación exclusiva y el único que no tiene, percibe 35.000 euros anuales por media dedicación. Eso, sumado a los ocho o nueve cargos de confianza de libre contratación por el Alcalde, y los más de 300.000 euros en productividades repartidas de forma arbitraria ( no existe reglamento que defina objetivos y medios), nos presenta el cuadro de una administración ineficaz y dilapidadora compulsiva de fondos públicos. Evidentemente la solución a la que recurre la derecha es a privatizar servicios que después van a costar más y que no garantiza ni la prestación ni la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras que lo prestan.
Hace más de un año, dos secciones sindicales presentaron una propuesta de contención del gasto que ascendía a más de 1,5 millones de euros. Esta propuesta no fue ni debatía por el gobierno ni por la oposición. Esta propuesta además de muchos de los puntos aquí señalados, incidía también en aspectos del gasto corriente ( telefonía, festejos, protocolo, etc). Sería bueno que el final de legislatura estuviese marcado por un acuerdo político e institucional que pusiese límites a la actual dinámica y explorara nuevas vías de financiación corriente de los servicios huyendo de la privatización y optando por el control público, que es más barato y eficaz.
Salud y socialismo.
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